El Vaticano ha recibido la iniciativa del Gobierno argentino en avanzar en un acuerdo que permita reformar el Obispado Castrense, para garantizar la asistencia espiritual del personal militar y al mismo tiempo la libertad religiosa, con la posible admisión de la participación de otros cultos, en una visión plural y a través de una política de integración del personal militar a la sociedad civil.

Dicha jurisdicción eclesiástica está sin obispo, luego del entredicho entre monseñor Antonio Baseotto y el entonces ministro de Salud, Ginés González García, en febrero de 2005, originándose así el más duro enfrentamiento del gobierno de Néstor Kirchner con la Iglesia. Con distintas modalidades, el régimen de los ordinariatos militares rige actualmente en 35 países: Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España, Gran Bretaña, Alemania, Bolivia y Venezuela entre otros. En nuestro país existen 37 ordinariatos militares y unos 35 capellanes distribuidos en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Prefectura y Gendarmería, y en las fuerzas militares de paz de las Naciones Unidas. A ello se suman cerca de 100 capellanes auxiliares prestados por distintas diócesis para servicios puntuales, que no tienen una disponibilidad de tiempo completo.

La Iglesia tiene todo el derecho de mantener un obispado castrense, ya que es la estructura que ella ha elegido para la pastoral con el personal militar. Por su parte, el Estado argentino puede de forma legítima pretender que el servicio religioso de las Fuerzas Armadas se organice de un modo distinto al que ahora existe, contemplando también, la existencia de capellanes no católicos. Así sucede en Brasil, por ejemplo, donde hay un 68% de militares católicos, un 23% de militares evangélicos, capellanes de ambas religiones, un ordinariato militar erigido por la Santa Sede y un acuerdo entre ésta y el Estado sobre la materia.

En Argentina, los capellanes militares existen desde el origen de la Nación, desde las propias guerras de la independencia. El vicariato castrense, fue creado en la Asamblea de 1813, y con distintas formas ha subsistido hasta hoy. El Acuerdo firmado en 1957 con la Santa Sede, fruto de una gestión iniciada por la Argentina durante el gobierno de Juan D. Perón, no hizo más que dar normas nuevas para algo que ya existía.

En 1992, solamente se adaptó esa estructura al cambio de normas internas de la Iglesia Católica en la materia, ocurrido en 1983. En los tiempos actuales se hace necesario una estructura distinta, pero para lograrla se deberá dialogar, negociar y acordar: algo que últimamente estuvo ausente en las relaciones Iglesia y Estado.