Ocho meses después de haber sido condenada a prisión en suspenso por injuriar al asesor giojista Guillermo De Sanctis, la funcionaria Ana María López podría verse beneficiada con una ley recientemente aprobada por el Congreso. La norma elimina las sanciones penales para ese tipo de delito y como la causa aún está en trámite y siempre se aplica la ley más benigna, su abogado aseguró que corresponde que la pena sea dejada sin efecto. En San Juan hay otras querellas que involucran a políticos y funcionarios que podrían correr la misma suerte.
Para la actual titular de Defensa al Consumidor, la nueva ley podría implicar que la condena en su contra se extinga y así, zafaría de un antecedente que a futuro la puede complicar. Porque si bien la pena es en suspenso, la debería cumplir yendo a prisión si comete otro delito, aunque sea de carácter culposo -sin intención-, como un accidente de tránsito.
La ley en cuestión, que fue aprobada este mes por el Senado, impone dos cambios importantes: dice que para las calumnias e injurias ya no se aplican penas de prisión -en su lugar se imponen multas- y que cuando la arremetida verbal del denunciado es por una cuestión de interés público, no es delito.
El interrogante es el efecto que podría causar en las querellas en trámite y en particular, en la que interpuso De Sanctis contra la ex titular de UDAP. Fue porque en 2006 lo tildó de no tener autoridad moral cuando se enteró que el gobernador lo había elegido para ser ministro de Educación. Fue algo inédito por tratarse de dos funcionarios del mismo gobierno y terminó en marzo de este año con una condena a López, aunque recurrió a la Corte Suprema.
Fuentes del Poder Judicial aseguraron que la nueva ley alcanzará a todas las querellas donde todavía no se cumplió la condena. Según al abogado de la actual titular de Defensa al Consumidor, Alberto Bustos, eso pone a su defendida en una posición de ventaja por dos razones. Primero, "la designación de un ministro es algo de interés público y la ley dice que no es delito". Y segundo, si se pone en duda si hay interés público, como se eliminó la pena de prisión, "la condena que le impusieron debería quedar sin efecto". En definitiva, para Bustos la causa va camino al archivo y en Tribunales no descartaron que ese puede ser el efecto de la nueva ley.
Inclusive, quiere ir más allá. De Sanctis reclamó en sede Civil una reparación económica por daño moral y la docente fue condenada a pagar 90 mil pesos. Bustos no descartó pedir la nulidad, "porque se base en una causa donde no hay delito".