En un año electoral como el presente, el Gobierno nacional implementó un mecanismo para dar asistencia financiera directa a los intendentes sin pasar por las gobernaciones. Aunque ya entregaba a los intendentes fondos destinados a obras, la nueva herramienta le permite enviar partidas para que los municipios paguen sueldos, deudas y gastos corrientes. La resolución del jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, basada en el decreto 2609/12 del 27 de diciembre pasado, faculta a la Jefatura de Gabinete "a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones". A través de aquel decreto, se había aprobado el envío de 1.129 millones a municipios, sin especificar a quiénes iban destinados.
El peligro de esta medida es el de permitir la discrecionalidad en la distribución de fondos. Es que el decreto que dio origen a esta resolución está dirigido a los municipios que no puedan "atender sueldos, salarios y pasividades". Mientras tanto, la resolución no sólo no acota en nada esas "pasividades", sino que sólo establece como finalidad solventar los "gastos correspondientes a las prestaciones" de los municipios Pero estas prestaciones van desde sueldos y obra pública, hasta la recolección de residuos y la seguridad, pasando por la atención de escuelas y hospitales, entre otros múltiples fines que ahora podrán ser financiados por la Nación sin previo acuerdo con los gobernadores. Fue Carlos Menem quien, en la salida de la recesión causada por el efecto tequila, se encontró con que quedaban numerosos desocupados en el interior, e intentó negociar directamente con los intendentes sin pasar por los mandatarios provinciales. Ahora ese esquema se profundiza. Los intendentes tendrán que pedir fondos y órdenes hasta para poder pagar los sueldos o asistir a los que cobran planes.
Provincias e intendencias han debido en varios casos hacer ajustes y aumentar impuestos y tasas y retirar subsidios. En parte por la inflación y la menor actividad económica, pero también por la reducción de subsidios a los servicios públicos realizada por el Gobierno nacional.
El problema radica en que con este sistema puede llegar a debilitarse el federalismo y se corre el riesgo de usar los fondos públicos para promover obediencia y generar castigos.