Con la excusa de que se debe dotar de orden al caos de Internet, varios de los 175 estados que se reúnen desde hoy al 14 de diciembre en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), proponen que sean los gobiernos los que regulen internet, lo que derivaría en controles y excesos en contra del libre intercambio de información que hoy se experimenta.
Algunos gobiernos pretenden imponer tarifas al estilo servicio telefónico, por lo que los usuarios no sólo pagarán por conexión, sino también por tiempo y descarga de contenidos. Aunque el pretexto es colectar dinero para ampliar redes de banda ancha, un servicio más costoso evitará que los más necesitados puedan acceder a él, ampliando la brecha digital y cultural entre ciudadanos y países, ricos y pobres, que Internet está ayudando a disipar. No es casualidad que estas propuestas sean de gobiernos que ya bloquean y censuran internet, y encarcelan a blogueros e internautas, caso de Cuba, Irán, China y Rusia, los peores países en la clasificación mundial sobre libertad en internet del Freedom House.
Pese a que estos países justifiquen que las regulaciones servirán para castigar ciberataques, pornografía infantil o piratería -aspectos ya contemplados en las leyes regulares- los nuevos controles buscarán limitar que internet sea un espacio democrático, diverso y plural de probada eficacia. Hubiera sido difícil para los disidentes cubanos burlar la censura oficial sin blogs; a los musulmanes crear la Primavera Árabe sin Twitter, a los argentinos autoconvocarse en cacerolazos sin Facebook o a los chinos exponer actos de corrupción sin sus filmaciones con teléfonos móviles inteligentes.
Estos países y, lamentablemente, los democráticos Brasil e India, en un grupo que destacan árabes y africanos, insistirán que internet sea regulado por las Naciones Unidas, desconociendo que Internet ha crecido y se ha expandido y con ello globalizó la economía y la cultura mundial- porque es ajeno a los gobiernos y está en manos de organizaciones no gubernamentales y privadas.
Pero no será fácil para esos gobiernos imponer condiciones. Muchos países latinoamericanos y europeos, entre ellos la pequeña Estonia -donde los ciudadanos pueden votar en línea, acceder al historial médico y a las tareas escolares de sus hijos- quieren que Internet mantenga su status quo, sin límites ni prohibiciones. Además, la delegación de EEUU tiene de su Congreso un mandato preciso para Dubai: El ciberespacio debe ser de acceso libre y gratuito, tal como fue creado, y debe permanecer "’estable, seguro y libre del control gubernamental”.
Se trata de la posición del país inventor de Internet y el que tendría excusas suficientes para censurarlo. Es el país que más recibe ciberataques contra sus instalaciones militares, de inteligencia y empresas privadas; su servicio diplomático fue avergonzado por millones de documentos confidenciales que fueron expuestos por Wikileaks y miles de fotos y videos también revelaron que sus soldados torturaron en cárceles clandestinas.
Si en Dubai se adoptan regulaciones, se tratará de una de las mayores contradicciones de la historia. Es que la ONU, ente madre de la UIT, promueve achicar la brecha digital entre pobres y ricos mediante un Internet libre y gratuito, pregonando que el derecho de conexión y de banda ancha es tan importante como el derecho a los alimentos, al agua y a la justicia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.