El mayor desastre ecológico de la historia, originado por la explosión y posterior colapso de una plataforma de la petrolera británica BP, en momentos en que operaba a más de mil metros de profundidad en el Golfo de México, cumplió ayer un año sin que se conozcan los verdaderos alcances económicos provocados por la tragedia y las impredecibles secuelas ambientales.
Seguramente todos tendrán frescas en la memoria las espectaculares imágenes del accidente de la "Deepwater Horizon”, que dieron la vuelta al mundo el 20 de abril de 2010, con los desesperados intentos para contener una situación fuera de control, que provocó la muerte de 11 operarios y liberaría al mar 4,9 millones de barriles de crudo a lo largo de tres meses. El gobierno de Estados Unidos prometió entonces que no permitiría otra pesadilla similar y dispuso la cancelación de toda la actividad petrolera en esa área, mientras sacaba cuenta del resarcimiento económico que reclamaría a BP, como si la naturaleza respondiera a una cuenta bancaria. Pero como el petróleo impone las decisiones políticas, Washington levantó la moratoria y desde octubre pasado ha concedido diez permisos a compañías "aptas para perforar en aguas profundas”, bajo estricta vigilancia oficial, lo que no es ninguna garantía si se tiene en cuenta que la causante del colapso tenía igual calificación.
Un año después, la pesca y el turismo en el área afectada siguen paralizados y los científicos aseguran que se tardarán décadas en conocer el daño a la biodiversidad, en particular a los famosos humedales aledaños. Es probable que se deba hablar de siglos, como se contabilizan los daños ecológicos de las catástrofes nucleares.
