El militar retirado Juan Francisco Del Torchio, quien se encontraba prófugo de la Justicia y fue detenido en Capital Federal el 27 de junio pasado, fue incorporado ayer al megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia que lleva adelante el Tribunal en el Criminal Federal de San Juan. Se trata del séptimo acusado que es sumado al proceso, después de Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Daniel Rolando Gómez, Horacio Julio Nieto, Alejandro Lazo y Gustavo De Marchi. Con este último había sucedido una situación similar, en marzo pasado.

Está acusado de delitos tales como privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita y tormentos agravados. Este último tiene una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años y de inhabilitación absoluta y perpetua por haber sometido a cualquier clase de torturas a una persona privada de su libertad.

Debido a lo avanzado del proceso, que comenzó el 7 de noviembre del año pasado, con varias declaraciones testimoniales que obviamente Del Torchio no pudo escuchar y tampoco objetar, estaba en duda su incorporación al proceso. Pero ayer tanto al Ministerio Público Fiscal como los abogados querellantes lo solicitaron. Y el Tribunal, presidido por Héctor Cortéz, decidió sumarlo aclarando que no existe obstáculo procesal que lo impida y que tampoco se vulnera el derecho de defensa del acusado.

La defensa de Del Torchio, que será ejercida por los abogados Eduardo San Emeterio y Marcelo Fernández, se opuso a la decisión argumentando que no había estado presente en las audiencias y que por lo tanto no se había podido controlar la prueba. “La incorporación es inconstitucional y nula”, dijo San Emeterio.

Para garantizar su defensa, el Tribunal puso a disposición de los abogados defensores las actas de los debates y las copias de audio y video de todas las audiencias que han tenido lugar hasta la fecha. También podrá solicitar que se repita alguna declaración testimonial que lo mencione.

El nuevo acusado está imputado por la llamada causa Bustos. Hugo Ricardo Bustos era un militante de la Juventud Peronista detenido primero en la Legislatura provincial y después en el Penal de Chimbas, donde fue sometido a torturas. En esta causa están acumulados los casos de reconocidas figuras políticas como el gobernador José Luis Gioja, quien ya prestó declaración testimonial, el cortista José Abel Soria Vega, el gremialista Enrique Faraldo y el actual titular de Defensa al Consumidor, Elías Alvarez.

En la audiencia de ayer también declaró Domingo Palacios, que era dueño de una bicicletería en Trinidad junto a su padre y testigo de la detención de la joven María Ana Erize.