El Gobierno nacional volvió a defender el traspaso de los fondos del sistema de capitalización al Estado y a vincularlos con la capacidad del país para hacer frente a la crisis económica mundial.
Néstor y Cristina Kirchner cuestionaron en los últimos días a quienes le reclaman al Poder Ejecutivo, con toda lógica, transparencia en la gestión de los fondos del sistema jubilatorio público, que en gran medida provienen de los ahorros que habían acumulado los ex afiliados a las AFJP. La estrategia del gobierno ante los insistentes requerimientos de información, es excusarse diciendo que "antes nadie decía nada", en referencia a los tiempos en que los fondos eran gestionados por las AFJP. Haciendo de cuenta que las administradoras trabajaban sin estar sujetas a regla alguna, Néstor Kirchner afirmó que "Cristina descubrió algo que nadie sabía": que las AFJP tenían una parte de los recursos invertidos en el exterior.
Ese dato estuvo durante años en todos los informes quincenales de la composición del fondo del sistema de capitalización, que eran públicos y que emitía el propio Gobierno nacional a través del organismo de control del sistema, la Superintendencia. Sin dejar de lado las responsabilidades de los directivos de esas empresas y las críticas al régimen en sí, lo cierto es que durante los catorce años en que rigió el sistema de capitalización, cinco de los cuales transcurrieron bajo este gobierno, el Estado fue el responsable de controlar cómo se administraba el dinero de los futuros jubilados y pensionados. La normativa establecía qué inversiones era posible realizar y qué comisiones se le podían cobrar a los afiliados. Pero, además, estaban los mecanismos que le permitían a los funcionarios públicos un control de las operaciones financieras de las AFJP al mismo tiempo que éstas se realizaban, y existía la obligación de denunciar eventuales irregularidades detectadas.
El ex presidente parece olvidar toda la responsabilidad que recaía sobre el Estado, y durante bastante tiempo sobre los funcionarios nombrados por él mismo. Cómo es posible que su presidencia haya transcurrido sin que nadie haya descubierto dónde estaban los fondos, cuando en verdad los datos estaban publicados en una página de Internet gubernamental de libre acceso. Desde el traspaso de los fondos de las administradoras al Estado, no hubo ningún informe sobre los instrumentos financieros en los que están invertidos ni sobre el resultado de esas operaciones.
Esto es lo cuestionable: la falta de datos que permitan a la ciudadanía informarse para ejercer el derecho a conocer y controlar.