Se ha remarcado en estos días la importancia de fortalecer la democracia, como anticuerpo contra la ruptura institucional que generó el caos de los gobiernos de facto.
Una forma de garantizar los derechos constitucionales es respetar incondicionalmente la existencia de los poderes del Estado, una premisa que actualmente la hegemonía del poder político busca sortear con argumentos y procedimientos que lesionan la estructura republicana. Son extralimitaciones que mellan el equilibrio funcional de los poderes y repercuten en la ciudadanía con enfrentamientos estériles porque implican trabas para el desarrollo normal de una sociedad organizada.
En la Argentina la política ha penetrado sustancialmente los poderes del Estado, se han judicializado hechos y situaciones que no debería llegar a ese extremo, si se respetaran los ámbitos institucionales y las disposiciones establecidos por la Carta Magna.
En el Poder Judicial, que responde a fuertes estructuras de la realidad de los hechos, ha habido algunos episodios no muy claros, pero son los menos y provocados siempre por ambiciones políticas. Pero es alentador que sea el más coherente de los poderes porque ello configura una garantía para la ciudadanía.
La sociedad, en su gran mayoría no comprometida con posiciones circunstanciales, escucha expresiones desmedidas y observa estupefacta como se tergiversan los hechos, según las posiciones del oficialismo o de la oposición, mientras la Justicia es receptora de cuestiones que deberían resolverse armónicamente si se respetara de manera irrestricta el desenvolvimiento y alcance de cada uno de los pilares de la vida democrática.