Los ex intendentes de Ullum, Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz, hablan de enfrentar el juicio previsto para el 27 de septiembre y no plantear objeciones que demoren el proceso. Ambos están acusados de haber cometido fraude contra las arcas municipales y después de mucha demora, porque los hechos de los que se los acusan ocurrieron en 1998, ahora irán al debate que definirá si son inocentes o culpables por decisión de la Sala III de la Cámara Penal.

“Tengo la conciencia tranquila y quiero que esto se termine de una buena vez”, dijo Gil, quien actualmente es secretario del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la provincia. En aquella época estaba al frente del Ejecutivo municipal.

Además, atribuyó la denuncia a una maniobra política orquestada por sectores que se oponían a su gestión. “Tenía el Concejo en contra y siempre me quisieron sacar del gobierno”, sostuvo. Y adelantó que en el juicio va a demostrar su inocencia porque “tengo los recibos y la documentación que demuestra que los trabajos se hicieron”.

Aún cuando los delitos de los que se los acusan son excarcelables, sin son encontrados culpables deberán dejar sus puestos de trabajo actuales porque ambos trabajan en el Estado, y quedarán inhabilitados para volver a ocupar cargos públicos.

En el caso de Ortiz, que era jefe de Patrimonio de la comuna y ahora está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, sostuvo que “son muchos años que venimos con esto y quiero que se termine de una buena vez”.

“Tenemos elementos para demostrar nuestra inocencia porque los trabajos se hicieron y se pagaron correctamente”, añadió.

En distintos momentos, ambos fueron intendentes ulluneros y en las elecciones pasadas Gil fue a la urnas para intentar volver a su cargo de jefe comunal. En el caso de Ortiz se anotó para ocupar una banca en la Legislatura local. Pero el resultado en las urnas les fue adverso porque en el departamento ganó el basualdismo. Y encima, Leopoldo Soler, quien salió electo diputado departamento, ha sido uno de los fogoneros de las denuncias contra ambos.

Lo que la Justicia debe demostrar es si los trabajos en el departamento se realizaron o no.