La Cámara Nacional Electoral le dio la razón a los opositores del ARI, que habían denunciado al Gobierno por discriminarlos a la hora repartir la plata que el Estado debe otorgarle a los partidos políticos.
La Cámara Nacional Electoral le dio la razón a los opositores del ARI, que habían denunciado al Gobierno por discriminarlos a la hora repartir la plata que el Estado debe otorgarle a los partidos políticos.
El ARI, integrante del Acuerdo Cívico y Social, había solicitado el año pasado 400 mil pesos en concepto de aportes extraordinarios, que el Gobierno debe entregar a los partidos políticos para afrontar gastos. Pero el Gobierno le entregó al ARI sólo 100.000.
Como no obtuvieron una respuesta favorable, los del ARI hicieron un reclamo ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, aduciendo discriminación, ya que a otras fuerzas -especialmente al justicialismo- se le otorgó cifras largamente superiores.
Servini de Cubría le dio la razón al Ejecutivo aunque lo conminó a que, en lo sucesivo, hiciera explícitos los motivos por los que otorgaba o denegaba los fondos solicitados por los partidos.
Ante esa respuesta judicial, el ARI presentó un amparo que fue denegado y luego una apelación, que es a partir de la cual la Cámara Nacional Electoral ahora le dio la razón al partido opositor.
Los aportes extraordinarios -como los que reclama el ARI- son sólo una de las tres vías que tienen los partidos políticos para obtener financiamiento del Estado. Las otras son el Fondo Partidario Permanente, que se entrega todos los años, y los aportes de campaña, ambos basados en criterios objetivos en los que una buena parte se calcula por los votos obtenidos en las últimas elecciones. Los aportes extraordinarios, en cambio, puede otorgarlos discrecionalmente (libremente) el Ministerio del Interior. Esos aportes tienen como destino cubrir, justamente, gastos especiales que los partidos tengan que afrontar para cumplir con la ley (como en los casos de intervenciones o congresos extraordinarios).
El criterio de discrecionalidad fue, justamente, el principal argumento con que se defendió el Gobierno. La denuncia de la oposición cita información publicada en el sitio web del Ministerio del Interior, según la cual el PJ recibió 1.140.000 pesos contra 100.000 que percibió el ARI.
Con las firmas de los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné, la Cámara Nacional Electoral hizo lugar al reclamo del ARI y subrayó "la necesidad de que el Ministerio del Interior explique, en cada caso, las razones por las cuales se conceden o deniegan esos aportes".
El fallo no obliga al Estado a asignarle los fondos adicionales pedidos al ARI, sino que habilita a esa fuerza política a formular nuevamente el pedido para obtener una respuesta satisfactoria o, en su defecto, una explicación sobre por qué se los deniegan.
La Cámara subrayó, además, que la discrecionalidad " no exime a la autoridad estatal de observar el principio de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas".
El director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, confirmó ayer que apelará el fallo, porque "el pedido del ARI no tiene que ver con fondos de campaña sino con la organización de un congreso partidario en 2008".