El Gobierno nacional busca eliminar la responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y Comercial, que se debate en el Congreso. Al menos, por esta vía judicial, el ciudadano común ya no podrá reclamar una reparación por daños y perjuicios provocados por un hecho, lícito o ilícito, cometido por el Estado o cualquier funcionario público.
La comisión de expertos, que redactó el anteproyecto de reforma del Código Civil, integrada por los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y por Aída Kemelmajer de Carlucci, ex miembro del máximo tribunal mendocino, estableció que el funcionario o empleado público "es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo” y que esas responsabilidades son "concurrentes” con las del propio Estado.
Sin embargo, cuando el anteproyecto llegó al Poder Ejecutivo, esos términos fueron modificados por otros que, en los hechos, terminan diluyendo aquella responsabilidad. El nuevo texto propuesto por el PE dispone ahora que esas acciones de los funcionarios públicos "se regirán por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda”. Es decir, deja librados los presupuestos y alcances de la responsabilidad de los funcionarios a una futura legislación, que todo apunta a asegurar que será menos gravosa para aquellos, si se tiene en cuenta que, también por iniciativa oficial, se excluyó en el anteproyecto original la posibilidad de imponer sanciones conminatorias pecuniarias a los funcionarios que no cumplen con una resolución judicial.
A esto cabe agregar el reciente decreto nacional que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos que actúen como directores en representación del Estado en empresas privadas en que este último tenga participación accionaria. Con la modificación propuesta por el PE se desdibujarán de seguro las consecuencias de la responsabilidad civil de los funcionarios.
Por esa razón, las modificaciones propuestas por el Gobierno resultan a todas luces interesadas y capciosas.
Es de esperar que los legisladores estén a la altura de la tarea que se les ha encomendado y, en el caso de la responsabilidad de los funcionarios del Estado, sean capaces de rever la posición del PE que, tal como ha quedado redactada, parece orientada a proteger a los funcionarios públicos lavando sus responsabilidades en perjuicio del resto de los ciudadanos.