El Defensor del Pueblo de San Juan, Julio César Orihuela, emitió una resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador del Gas, haga marcha atrás con "carácter urgente" al aumento del gas a los usuarios de la provincia por considerarlo "Ilegítimo".

Además le pide que "compense" a los beneficiarios de la provincia que ya hagan pagado el incremento y que estudie un "modo distinto para obtener ingresos para dotar al Fondo Fiduciario". Se trata de un fondo creado para frente a la eventual necesidad de que el Estado tuviera que importar hidrocarburos para atender el abastecimiento de los usuarios argentinos.

La decisión, que sólo tiene el carácter de un pedido o recomendación y que el Gobierno Nacional no está obligado a cumplir, forma parte de una actitud que también han adoptado defensores del Pueblo de otras provincias (ver aparte).

Es porque el Ejecutivo Nacional dispuso en noviembre del año pasado un fuerte incremento de la tarifa del gas, que en San Juan ha implicado subas de entre el 70 y el 206 por ciento, según calculó Orihuela en la resolución.

La medida fue para achicar los subsidios que el Gobierno aplicaba a las tarifas de servicios públicos y afectó a los hogares de mayor consumo. Después en abril de este año se elevó el piso de los afectados por la suba, pero de todos modos varios usuarios pusieron su queja en la Defensoría del Pueblo, que decidió actuar. En el organismo, según cita la resolución, hubo 7 quejas por la suba, aunque también dice que tuvo en cuenta los antecedentes existentes en la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan.

El problema se hizo evidente cuando a los hogares sanjuaninos, por los últimos fríos, empezaron a llegar las facturas con el incremento.

El argumento de la Defensoría es que el adicional para el Fondo Fiduciario "resulta ilegítimo por ser manifiestamente inconstitucional" ya que tendría el carácter de un tributo o impuesto, que sólo puede ser aprobado por el Congreso. Y en este caso la suba fue por decreto del Ejecutivo Nacional.

La resolución, que también está dirigida a los senadores y diputados por San Juan para que "arbitren una solución a la problemática expuesta" pide que no haya cortes ni suspensiones en el servicio por la falta de pago de las facturas del gas.