El desarrollo de la agricultura sanjuanina está limitada a los oasis de la provincia y estos condicionados a ríos con caudales de comportamiento cíclico, por lo tanto el sistema de riego busca el aprovechamiento óptimo de las dotaciones mediante la red de canales más extensa del continente y la tecnología aplicada al laboreo de las tierras. Pero aún con esta infraestructura, se necesitan paliativos en épocas de sequía, como son las baterías de pozos para extraer el agua del subsuelo.

Este esquema que viene sustentado la economía rural desde mediados del siglo pasado, no debería ser motivo de conflicto en nuestros días si se cumplieran con los requerimientos hídricos del campo, de la viticultura y en particular de los cultivos de temporada, donde los tiempos vegetativos no son iguales a los burocráticos. Un menor caudal en el río debería ser el disparador de la puesta en marcha de todos los pozos de la provincia y no de planteos de los afectados y menos de réplicas políticas inconsistentes para eludir responsabilidades básicas.

La situación de los chacareros de Rawson y Pocito es insostenible porque sin el riego puntual los cultivos premium se pierde la calidad de las cosechas, caen los precios de mercado y la rentabilidad puede ser mínima o directamente nula. Frente a esta coyuntura el Departamento de Hidráulica no debería responder con excusas ni promesas, porque si los productores van a la ruina por la falta de atención del organismo no podrán pagar el canon de riego ni otros gravámenes, menos donde no llegan los canales porque en el lugar disponen de surgentes naturales, ahora secos por la bajante de las napas.

El caso de la reparación de pozos en toda la provincia es paradigmático, porque no hacer obras porque existe alta morosidad contributiva, no siempre es imputable al contribuyente. Habilitar medios de pago, facilitar planes de financiación, y otros incentivos son necesarios para mantener las cuentas al día. Nos olvidamos que los insumos del chacarero son el agua y el gasoil, y el resto es mano de obra intensiva y calificada, de la cual dependen miles de familias. Es parte del problema social que ha movilizado a los intendentes a respaldar a los productores, incluso facilitando maquinaria municipal e involucrarse en el conflicto a favor de los afectados.

El principal desafío es encontrar soluciones a las demandas del sector.