Un detallado informe del Departamento de Estado cita las investigaciones sobre lavado de dinero y narcotráfico que pesan sobre quien fue recaudador de la campaña electoral del oficialismo en 2007, Héctor Capaccioli, y se hace eco de los cargos contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, señalando que sobre las evidencias no se ha producido definición judicial.
Recoge también, el caso de la embajada paralela en Venezuela, tal como se alude a la trama por la que, se sospecha, se cobraban comisiones ilegítimas para exportar a Caracas en el marco de convenios bilaterales. El informe anual sobre derechos humanos en el mundo es una paciente revisión en 194 países que el Departamento de Estado califica como un exhaustivo instrumento para tener en claro qué está ocurriendo con los derechos y garantías individuales en todo el planeta. Sin embargo, constituye un elemento de peso a la hora de calificar el cuadro de salud cívica de un país y de sus instituciones.
La impunidad y el consecuente aumento de la corrupción ante la falta de sanciones no es sólo una percepción de EEUU. En la Oficina Anticorrupción se registra desde 2004 una abrupta y constante disminución en la cantidad de expedientes abiertos por ese organismo en casos de presuntas irregularidades. La Auditoría General de la Nación, máximo organismo de control de las cuentas del Estado, ha tenido que recurrir a la Justicia para obtener los datos esenciales que le permitieran llevar adelante su cometido. Otro ejemplo de esta política tendiente al logro de la impunidad, es la parálisis que sufre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) desde que en 2009 renunció su titular, Manuel Garrido, ante las innumerables trabas que le oponía la administración kirchnerista para avanzar en sus investigaciones sobre hechos de corrupción y de irregularidades administrativas en la administración central. Presupuestos magros, denegación de información, pérdida de autonomía y funcionarios que obedecen ciegamente al Ejecutivo, son algunas de las razones que van conduciendo a la asfixia o parálisis de los organismos de control.
La falta de investigaciones y denuncias de la mayoría de estos organismos contrasta con la creciente cantidad de casos de corrupción y los casi nulos resultados de la Justicia en los más emblemáticos de ellos.