Aunque todavía no hay imputados en la causa que investiga el plan Techo Digno que se ejecutó en la gestión anterior, los empresarios locales que están en la mira ya buscaron abogado para defenderse ante una eventual acusación formal en su contra. Lo que la Justicia Federal intenta determinar es si hubo sobreprecios en los terrenos que las constructoras le vendieron al IPV entre 2014 y 2015 y bajo la lupa hay 16 operaciones. Dos propietarios de firmas involucradas hicieron ayer una presentación espontánea ante el juzgado que dirige Leopoldo Rago Gallo y otros, según fuentes calificadas, evalúan si adoptan el mismo camino o esperan ser citados.
Las presentaciones espontáneas son de los propietarios de Nacusi y Terusi, 2 de las 14 constructoras bajo el ojo judicial. Las hicieron un día después de que el juez Rago Gallo ordenara secuestrar de las sedes de las empresas documentación referida a los contratos que firmaron con el IPV por el programa Techo Digno. Las fuentes contaron que los dos manifestaron por escrito cuál es su situación en el caso y que se pusieron a disposición de la Justicia.
La causa se disparó por una denuncia de la Procelac, al detectar posibles sobreprecios en tres licitaciones del IPV para construir casas en Rawson, Pocito y Chimbas. Las mismas se hicieron con provisión de terreno, por lo que las empresas ofrecieron un valor por las viviendas y otro por un inmueble.
La sospecha se debe a la gran diferencia que hay entre el valor de los terrenos que compraron las empresas y el precio al que, después, se lo vendieron al IPV. En un caso, una constructora pagó 350.000 pesos por un inmueble y el Estado lo tomó luego a 2.588.000, o sea 639% más. Así, hay otras operaciones donde la brecha llega a 196 y hasta 255%, por ejemplo.
Las otras empresas son Sigma, Perfil, Mapal, Daz, Valdivieso, Dicom, Scop, SAV, Construáridos, Miliar, Construcciones Industrial y Guillermo Emilio Fernández. Fuentes del sector revelaron que todas ya hicieron contactos con abogados, para evaluar los pasos a seguir. Las alternativas que tienen es una presentación espontánea, una eximición de prisión por anticipado o esperar, para ver si la Justicia los llama.
Fiscalía
El fiscal del caso, Francisco Maldonado, aún no le imputa un delito a nadie. Tras recibir la denuncia de la Procelac, pidió una serie de medidas probatorias previas para determinar si hubo irregularidades en las operaciones en cuestión.