Según datos del último “Censo de productores de ladrillos macizos”, efectuado a mediados del año pasado por la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental Minero de la provincia, dependiente del Ministerio de Minería local, de un total de 91 establecimientos productores de ladrillo artesanal, sólo 4 están inscriptos en el “Registro de Productores, Comerciantes e Industriales mineros” provincial y sólo 1 de ellos presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA). Esto significa que sólo un establecimiento productor de ladrillos está en regla, puesto que la inscripción en el registro debe ir obligatoriamente acompañada por el IIA.
La inscripción es gratuita y vence el 31 de marzo de cada año, para actualizarla debe presentarse una declaración jurada en la que conste la producción del año anterior. A su vez se presenta el IIA cada vez que se solicita el terreno para fabricar ladrillos. La presentación del IIA es obligatoria, según lo establecido por la Ley de Protección Ambiental Minera (la 24.585), que establece que todo productor debe presentar el informe para poder ejercer la actividad.
Históricamente el sector de ladrilleros artesanales fue considerado marginal y con desventajas comparativas con respecto a otras ramas productivas. Sin bien en 2004 y a fin de amparar este sector estratégico, la Secretaría de Minería de la Nación mediante una resolución incorporó a la producción ladrillera como actividad minera, aún queda mucho por hacer por este segmento del que dependen cientos de familias. Pero la realidad dista mucho de la intención inicial, que fue promover registros de productores y blanqueo de trabajadores para contribuir a mejorar la calidad laboral en la actividad.
Para Edgar Mario Domínguez, Técnico de la Dirección de Fiscalización y uno de los encargados de efectuar estos relevamientos, la no inscripción en el registro de productores tiene que ver con el costo del IIA. “El informe es un tanto costoso y para el sector ladrillero puede estar rondando entre los 8.000 y 9.000 pesos. Como debe presentarse en forma conjunta con la inscripción, este es el temor de la gente y por eso no concurre a inscribirse en el registro”, señaló Domínguez.
Sin embargo, el costado social que se desprende de la actividad ladrillera es quizá uno de los más fuertes argumentos para evadir la inscripción: la presencia de personas indocumentadas en las tareas de laboreo. De acuerdo al informe presentado respecto del relevamiento ladrillero, “la cantidad total censada de personal ocupado en esta actividad es de 461 personas, de las cuales 344 lo hacen en forma permanente y el resto en forma eventual”. En el mismo documento se señala “es de destacar que esta es una actividad familiar, donde toda la familia se encuentra involucrada en las distintas etapas del proceso de producción, siendo la gran mayoría de estas familias que trabajan en esta actividad, de nacionalidad boliviana, en muchos casos indocumentados”.
Lamentablemente la actividad ladrillera no está reglamentada, condición que propicia al trabajo en negro y la contratación de trabajadores ilegales que, por necesidad, aceptan y avalan estas condiciones. La inexistencia de una reglamentación genera un escenario verdaderamente complejo. Además de fiscalizar establecimientos ladrilleros e intimar a sus titulares a regularizar su inscripción en el registro de productores, el objetivo de la Dirección de Fiscalización y Control ambiental minero es la de verificar el cumplimiento de los Artículos 239 y 242 del Código de Minería referentes a la no ocupación de mano de obra de niños menores de diez años y de las condiciones de seguridad existentes en cada establecimiento. “La situación que se nos presenta es la siguiente: Son familias enteras las que viven de esto y son familias enteras las que trabajan, las mujeres a la par de los hombres. Nosotros permitimos que las mujeres puedan llegar a trabajar, en ese sentido somos un poco flexibles; las mujeres trabajan porque la actividad la realizan familias enteras, pero no permitimos que trabajen niños”, detalló Domínguez.
Entre mayo y julio próximos, el relevamiento volverá a repetirse otra vez para la inspección y obtención de estadísticas del año en curso. Desde la perspectiva del funcionario, “no va a haber aumentos de inscriptos en el registro de productores porque la gente se asusta del valor del Informe de Impacto Ambiental y no le inician la inscripción sin presentar paralelamente el informe”. En cuanto a la necesidad de la reglamentación, Domínguez destacó, “mejoraría la situación del trabajo en negro, nosotros podríamos hacer los controles con mayor precisión y hacer un seguimiento más puntual de las personas que fabrican el ladrillo y viven de esto”.
Según datos del censo y por el impulso a la construcción gracias a la obra pública, en 2010 y respecto al año anterior, hubo un crecimiento significativo de establecimientos ladrilleros y hornos de calcinado. De 152 hornos distribuidos entre 76 establecimientos en 2009 se pasó a 189 hornos y 91 establecimientos ladrilleros en 2010. Cifras destacadas que conformarían un futuro promisorio de existir la necesaria reglamentación para una rama productiva tan marginada.