La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó ayer que es constitucional la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura y que sus integrantes sean 19 en vez de 13. Además, le pidió a la Corte Suprema que apruebe el recurso de ‘per saltum‘ que presentó el Gobierno contra los fallos que frenaron la ley sancionada por el Congreso.

De esta manera, la Corte quedó en condiciones de resolver el tema, lo que podría producirse en breve, ya que, según dijo el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ese cuerpo iba a pronunciarse ‘de inmediato‘. Para Gils Carbó, la nueva norma ‘reglamenta el artículo 114 de la Constitución‘ Nacional (que versa sobre el Consejo de la Magistratura) ‘de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno‘. Además, consideró que la inconstitucionalidad dictada por la jueza María Servini de Cubría tiene ‘una visión más restringida de la democracia y que se funda en la representación de intereses sectoriales‘ de abogados y jueces. Con este dictamen, la Corte quedó en condiciones de resolver por la constitucionalidad o no de la ley del Consejo, lo que podría ocurrir hoy, cuando los jueces del máximo tribunal se reúnan en acuerdo, como cada martes.

Servini de Cubría había aceptado el martes pasado los pedidos de Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y de Carlos Traboulsi, dirigente de la Democracia Cristiana, y declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley 26.855 del nuevo Consejo de la Magistratura.

La magistrada consideró que la elección popular de los representantes de jueces, abogados y académicos viola el artículo 114 de la Constitución, que establece que la integración del organismos debe respetar el ‘equilibrio‘ entre sus pares y que la elección de esos estamentos es entre sus pares.

El Gobierno presentó un ‘per saltum‘ para que la Corte intervenga en el caso, lo que fue aceptado por el máximo tribunal.

Rizzo y Traboulsi presentaron sus escritos el fin de semana y le pidieron a la Corte que ratifique el fallo de Servini. Gils Carbó -que adhiere al Gobierno nacional- consideró ayer que ‘la voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen‘.

Aseveró que ‘la elección popular prevista por la ley 26.855, así como el incremento de los escaños asignados a los miembros pertenecientes al ámbito académico y científico, vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno‘.

En tanto, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la inconstitucionalidad de seis artículos de la nueva ley del Consejo de la Magistratura, al hacer lugar a un amparo presentado por Jorge Rizzo.

Fuentes: DyN y Télam