La Corte de Justicia quedará, de nuevo, bajo la lupa de los diputados. Los abogados Marcelo Bustos y Eduardo Cáceres anunciaron que presentarán hoy en la Legislatura un pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal y el fiscal General, por nombrar sin concurso a 39 personas en el Poder Judicial. Bustos ya había hecho un intento en 2006 por una polémica similar, cuando presidía el Foro de Abogados, pero su presentación se archivó y hubo fuego cruzado cuando un cortista contraatacó con una demanda. Ahora, los profesionales denuncian incumplimiento de deberes de funcionario y mal desempeño de las funciones.

El planteo de Bustos y Cáceres es a raíz del escándalo institucional generado por la Corte de Justicia el 30 de septiembre, cuando firmó una Acordada designando a dedo y en forma interina a 39 empleados, en su mayoría parientes de jueces, fiscales y funcionarios. Los abogados dicen que se usó un artilugio para eludir los concursos que ordena la Constitución (Art. 45) para ingresar al Estado y por eso, le endilgan no cumplir el deber de actuar bajo la ley.

El pedido de destitución le apunta a los que firmaron: los cortistas Juan Carlos Caballero Vidal, Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Medina Palá; el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani; y el juez de Cámara Juan Carlos Peluc, que lo hizo en reemplazo de Carlos Balaguer, cortista que está de licencia.

En su intento anterior, Bustos contaba con el apoyo de una asamblea que hizo el Foro de Abogados para accionar contra los concursos truchos que salpicaron al secretario Administrativo de la Corte, Luis Recio. Pero muchos de sus colegas lo acusaron de poner en peligro la institución por la posibilidad de que los cortistas respondieran con un reclamo económico. Fue lo que pasó: los diputados rechazaron el juicio político y a pesar de las amenazas de los cortistas, sólo Adolfo Caballero fue contra el Foro. Presentó una demanda por daños y perjuicios que está en trámite.

Esta vez, Bustos se la juega en nombre propio. Ayer dijo que "si los diputados no le dan curso, sería una ineficacia supina de los representantes del pueblo". La historia reciente le da pocas chances: la mayoría oficialista evitó recientemente tratar un proyecto basualdista para repudiar los nombramientos. Incluso, el diputado Julio Coll, que preside la Comisión de Justicia de la Cámara y que también encabeza la Sala Acusadora del Juicio Político, es tío de una de las designadas por la polémica acordada.

Es el octavo pedido de remoción que le pega a la conducción judicial en la era giojista. Los diputados, en los siete anteriores, votaron en contra (ver aparte).