El proyecto de ley del Gobierno que pretende prevenir la escalada de golpes de motochorros, al exigirle a un motociclista que para llevar a un acompañante debe sacar un permiso especial, ya despertó polémica en la arena política. Los presidentes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados (Producción y Trabajo, el PRO y Actuar), se manifestaron decididamente en contra de la propuesta. El hilo conductor del rechazo se centró en 2 puntos: primero, que obliga a los policías de las comisarías a entregar las autorizaciones y los aleja de las calles. Y segundo, que hasta los delincuentes pueden sacar la autorización. El encargado de defender y respaldar la iniciativa oficial fue el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, quien aseguró que se ocupará a los mismos uniformados que hacen las tareas administrativas actualmente y que servirá de persuasión para los delincuentes.
Aún no hay una fecha establecida para que el proyecto ingrese en la Legislatura, recinto que es dominado por el bloque justicialista, el cual tiene la mayoría suficiente para aprobarla. Y un dato a tener en cuenta es que la iniciativa cuenta con el OK del gobernador José Luis Gioja. La propuesta del Ejecutivo, tal cual adelantó DIARIO DE CUYO en su edición del domingo, es una apuesta fuerte contra el incremento de los arrebatos y robos cometidos por los delincuentes que se movilizan en moto. Es que la estadística oficial reveló que entre el último semestre de 2011 y los primeros seis meses de este año, los golpes de motochorros treparon de 805 a 1.208 casos.
La iniciativa gubernamental establece que serán las comisarías jurisdiccionales quienes entregarán las habilitaciones para que un conductor pueda ir con un acompañante. La crítica de la oposición apuntó a la tarea que desempeñarán los efectivos policiales. El basualdista José Peluc señaló que “la Policía debe estar en la calle, no haciendo trámites administrativos”, y agregó: “Lo grave es que ocuparemos a los uniformados para entregar certificados de acompañantes, cuando su función es hacer trabajos de inteligencia. Vamos a entretener a los efectivos con una tarea que no tiene sentido”.
Por su parte, Juan Sansó, de Actuar, destacó que “es un despropósito que la gente tenga que pedir un permiso para llevar a un acompañante. El tema se soluciona con mayor presencia policial en las calles. Si le damos más tareas administrativas, vamos en contra de lo que tiene que ser. Lo que tiene que hacer la Policía es controlar las motos”. En cuanto a Hugo Ramírez, del PRO, resaltó que “no le veo consistencia a la propuesta. Hay que hacer cosas básicas: el control del tránsito debe ser absolutamente estricto. Y no veo una fuerte actividad de contralor”.
En respuesta a las críticas, el ministro Cuevas afirmó que “no se va a distraer” al personal de sus actividades de prevención e investigación, ya que explicó que hay entre un 10 y 15 por ciento de policías de toda la estructura que hacen trabajos administrativos y que esa función “ya está asumida”. Además, resaltó que entre los certificados que entregan en las seccionales, están analizando si emitirán o no el certificado de domicilio.
Tanto Ramírez como Sansó consideraron que con la medida impulsada por el Gobierno no se va a reducir la actividad delictiva de los motochorros e inclusive manifestaron que hasta ellos mismos pueden solicitar las habilitaciones para sus cómplices. En cambio, el funcionario retrucó que “sin lugar a dudas, el delincuente no va pedir este certificado. Va a tener un objeto de disuasión”, y se mostró confiado al reafirmar que los ladrones no van a cometer ese tipo de delitos. Cuevas remarcó que no se trata de una prohibición sino de una reglamentación de la circulación de ese tipo de vehículos, que el trámite va a ser ágil y que se intensificarán los controles.