Un grupo de empresas de monitoreo de alarmas anunció que pedirá un cambio en la reglamentación de la ley de Servicios de Custodia, Vigilancia y Seguridad, que aún no entra en vigencia, y solicitará la anulación de un inciso que las obligará a pagar a la Policía el 30% de la cuota mensual de cada abonado, por la prestación del servicio que de hecho ya brinda la Fuerza cada vez que acuden a una emergencia por disparo de alarmas. Desde el Ministerio de Gobierno se mostraron abiertos al diálogo, pero altas fuentes de la cartera revelaron que hoy esas empresas hacen negocio sin pagar el servicio de la Policía.
Según el decreto 649 que reglamenta la Ley 7775, las empresas de alarmas ingresarán a una cuenta especial (cuyo destino será solventar gastos operativos de la Policía) ‘el 30% de la cuota mensual correspondiente a cada estación abonada al sistema (…) por la prestación del servicio policial’.
‘El 30% es una cifra muy alta para afrontar como empresa. Si sumamos impuestos, cargas sociales y ganancias, pagar ese porcentaje será inviable’, dijo Diego Montes, responsable de la empresa Asistel. Por su parte, el secretario de Seguridad de la Provincia, Miguel González, quien integró la comisión que trabajó en la elaboración de la ley y en su regulación, indicó que el 30% fue establecido en función de un análisis técnico y que la cifra fue consensuada por la Cámara de Agencias de Seguridad. Sin embargo, Montes apuntó que los empresarios nucleados en la Cámara de Empresas de Monitoreo y Seguridad Electrónica de Cuyo no participaron de ese análisis.