Como las caleras no deben pagar regalías y están exentas del impuesto de Ingresos Brutos, el Gobierno y el municipio de Sarmiento analizan la posibilidad de implementar un mecanismo para que aporten fondos extra en forma directa al Estado. El intendente Alberto Hensel aseguró que lo está charlando con José Luis Gioja y aunque evitó dar detalles, explicó que la idea es buscar una figura legal para que las empresas financien la construcción de obras públicas. Una alternativa es imitar el modelo que se aplica en el sector de la minería metalífera, donde las compañías ponen dinero para fideicomisos de infraestructura.
Hensel lidera un departamento donde la explotación de cal representa una parte importante de la matriz productiva y como tal, es el principal impulsor de la inquietud. En el programa “A todo o nada” (Radio Colón) aseguró que, en virtud del crecimiento del sector, con el Gobernador viene hablando sobre cómo se puede hacer para que “sean mayores los beneficios que la actividad le deja al Estado”.
El jefe comunal prefirió no dar a conocer las opciones que están barajando. Sólo se limitó a decir que se podría crear un sistema consensuado para que las empresas hagan aportes que sirvan para “hacer obras sanitarias, educativas que necesiten los departamentos y la provincia”.
Fuentes calificadas aseguraron que una de las alternativas es armar fideicomisos que son administrados por el Estado, como sucede en la minería metalífera. Esto es, que las empresas destinen un porcentaje adicional de lo que facturan a financiar obras que son acordadas con la provincia de acuerdo a las necesidades en materia de infraestructura (ver aparte).
El argumento de Hensel pasa, fundamentalmente, por lo que la actividad calera le deja en forma directa al Estado. Según dijo, “no es mucho y hay que estudiar cómo podemos hacer que sea más”.
El intendente basa su afirmación en dos cuestiones. La primera: las caleras no pagan regalías (el Código Minero no lo establece), a diferencia de las empresas que se dedican a la extracción de metales, que le dejan al Estado el 3 por ciento de lo que facturan por la venta del mineral. La segunda: por tratarse de una actividad primaria, como la agricultura, está libre de Ingresos Brutos.
Según las fuentes, otras de las alternativas es que las empresas empiecen a pagar Ingresos Brutos y que lo recaudado se reparte entre la provincia y el municipio donde está el emprendimiento, aunque aclararon que es menos probable. En ese caso, tendrían como costo adicional el 3,6 por ciento de lo que facturan.
De acuerdo a los datos que dio la Cámara Minera, en San Juan hay 60 caleras y están repartidas, principalmente, entre Sarmiento y Albardón. El año pasado facturaron en conjunto unos 1.000 millones de pesos, afirmaron las fuentes.
Hoy, el sector evidencia síntomas propios de una buena coyuntura económica. No sólo porque se registró un importante crecimiento de las inversiones con el desembarco de grandes firmas de carácter internacional, sino debido a que la demanda de cal sigue escalando gracias a que la minería metalífera la usa para el proceso de separación del mineral de la roca.
El resto de las empresas que pertenecen al sector de la minería no metalífera, como las que se dedican a la explotación de bentonita, cuarzo, mármol, feldespato, entre otros, tampoco pagan regalías ni Ingresos Brutos. Pero, por lo pronto, Hensel no las incluyó en el modelo que quieren aplicar para aumentar las utilidades que la actividad le deja al fisco.