La Municipalidad de la Capital, al menos por ahora, no tendrá que hacer frente a la millonaria deuda que le viene reclamando el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). El gremio exige el pago de diez años de aumentos automáticos de sueldos, pero la Sala IV de la Cámara Civil desechó en forma unánime el planteo y advirtió que ese tipo de ajustes están prohibidos por las leyes que protegen las cuentas fiscales, es decir las de emergencia y los pactos federales de contención del gasto. Las autoridades del sindicato ya avisaron que recurrirán al máximo tribunal provincial.
El fallo es del 23 de agosto, pero recién salió a la luz ayer, y es un alivio para la gestión del intendente Marcelo Lima. Pasa que se trata de una causa judicial heredada y de haber sido condenado, el municipio tendría que haber pagado un monto que ponía en serio riesgo las finanzas y la normal prestación de los servicios básicos a los vecinos capitalinos.
El gremio reclama diferencias salariales desde 2003 y una pericia contable determinó que hasta 2007 eran algo más de 31 millones de pesos. A eso hay que agregarle unos 30 millones más hasta la actualidad, según los cálculos que hacen en la comuna. En definitiva son 61 millones de pesos, lo que es equivalente al 25 por ciento del presupuesto que Capital aprobó para este año.
El SUOEM se toma de lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que aprobó en 1995 el equipo dirigido por el entonces intendente Javier Caselles. El mismo dice en el artículo 26 que el sueldo de los empleados municipales se irá actualizando en forma automática y en la misma proporción que el salario mínimo, vital y móvil o el haber del jefe comunal. Sin embargo, ni el propio bloquista ni ninguno de sus sucesores lo han podido cumplir por imposibilidades financieras.
El gremio demandó a la Capital en 2005, cuando Enrique Conti promediaba su mandato como jefe comunal. La jueza Elena de la Torre le dio la razón en primera instancia al SUOEM y la Sala III de la Cámara Civil falló en el mismo sentido, hasta que el expediente llegó a la Corte de Justicia. El máximo tribunal revocó el fallo y ordenó que se dictara uno nuevo, en el que se tuvieran en cuenta los fundamentos esgrimidos por el municipio.
Finalmente, la Sala IV, conformada por los jueces Estela Zorrilla, María Josefina Nacif y Juan Jesús Romero, hizo lugar a la apelación de la comuna. Los camaristas aducen que las actualizaciones automáticas que contempla el CCT y exigidas por el sindicato chocan de frente con las sucesivas leyes de emergencia vigentes desde 1991 y los pactos fiscales a los que está adherido el municipio. Además, remarcan que el reclamo no corresponde porque los trabajadores municipales aceptaron por años y sin quejas los aumentos salariales que la Capital dio con posterioridad y que terminaron por modificar el acuerdo original.
Ayer, el secretario general del SUOEM, Antonino D’Amico, dijo que ya están trabajando en el recurso que elevarán para que el fallo sea revisado. Según el dirigente, lo presentarán esta misma semana ante la Corte de Justicia de la provincia.
El máximo tribunal intervino, pero sin opinar del fondo de la cuestión. Aunque ya sentó jurisprudencia en el pasado, cuando en distintas oportunidades le dio crédito a la razonabilidad del régimen de emergencia económica y financiera que se instauró en el Estado para preservar los recursos del Estado. De ahí que, sin poder afirmar que son definitorios, los antecedentes juegan a favor de la postura que funda la Capital.
Falle en un sentido o el otro, el litigio podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El mismo D’Amico manifestó que “por ellos o por nosotros, esto va a terminar en la Nación”, dando por sentado que cualquiera de las partes recurrirá al máximo tribunal del país en caso de recibir una resolución contraria a sus intereses.
El CCT firmado con Caselles supo ser un caballito de batalla del SUOEM. Exigiendo la puesta en práctica del polémico artículo 26, se enfrentó con todas las gestiones que siguieron al bloquista (las de Daniel Coll, Alfredo Avelín en menor medida, Enrique Conti y ahora Lima) y con intendentes de otros departamentos que tampoco podían implementarlo por falta de recursos.
En la primera gestión de Lima, el sindicato intentó paralizar varias veces el municipio para protestar y el intendente echó mano a los pasantes y los empleados que no adherían a la medida para garantizar los servicios. En los últimos años, la tensión bajó (ver foto).