La muerte del fiscal Alberto Nisman debe ser esclarecida, así como también el atentando contra la AMIA en el que murieron 85 personas y del que, lamentablemente, poco y nada se ha avanzado en los últimos 21 años. Los gobiernos de Néstor y Cristina fueron impulsores de una política de Memoria, Verdad y Justicia que también alcanzó al más terrible atentado que sufrió alguna vez la República Argentina. Prueba de ello han sido los reclamos ininterrumpidos y sin precedentes ante la comunidad internacional y los decretos para desclasificar la documentación vinculada con la voladura de la sede judía. En días recientes la orden de la Presidenta para que se hiciera pública la información ligada a la denuncia del fiscal, y el pedido del oficialismo en el Congreso para que la reunión donde Nisman iba a presentarse fuera pública, demuestran la voluntad del Gobierno de echar luz ante el manto de confusión e incertidumbre que buscan instalar los poderes corporativos y mediáticos. Con este mismo sentido y ante el pedido de la Presidenta de buscar vías alternativas para destrabar la causa AMIA, el Congreso Nacional aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán para que el juez Rodolfo Canicoba Corral pudiera trasladarse a otros países para interrogar a los acusados, dada la prohibición del juicio en ausencia que establece la legislación argentina. Se trata de un mecanismo de cooperación judicial internacional que, entre 2009 y 2012, más de 12 jueces habían utilizado. Se podrá compartir o no su conveniencia política, pero de ninguna manera se trata de un delito, sino de una decisión legítima de un poder del Estado que, casualmente, fue declarado inconstitucional por otro poder del Estado, el Judicial, acción con la que quedó clausurada esa alternativa.

Las grandes revelaciones que se suponía contenía la denuncia del fiscal se revelaron contradictorias y sin fundamentación jurídica, según se pudo leer de la denuncia, a disposición de cualquier persona. El único objetivo, se sabía, era generar un escándalo mediático para ensuciar al Gobierno luego de un fin de año de paz social para muchos inesperado, con la imagen de Cristina en alza, su indiscutible rol como conductora de este proyecto político y la imposibilidad opositora de ofrecer una propuesta creíble a la sociedad ajena a los guiones mediáticos. El asesinato a los periodistas de Charlie Hebdo en Francia completaba un clima propicio para instalar la ‘supuesta denuncia del siglo‘ con el único fin de desestabilizar al Gobierno y adelantar la lucha electoral.

En su escrito, Nisman había denunciado un pacto de impunidad con Irán para encubrir a los culpables del atentado a la AMIA a cambio de ventajas comerciales, cuyo eje principal habría sido el Memorándum y la cancelación de las alertas rojas emitidas por Interpol contra los sospechosos. Estas notificaciones, que en el caso AMIA fueron emitidas contra cinco iraníes, son un refuerzo a los pedidos de captura internacionales y cualquier cambio sólo puede ser realizado por el juez argentino con competencia en la causa. El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, y el Consejero Jurídico de dicho organismo, Joel Stollier, desmintieron la información del fiscal, aclararon la voluntad del Gobierno en sostener las alertas luego del Acuerdo y señalaron la conveniencia del Memorándum como un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa.

El supuesto intercambio comercial de petróleo por granos es otra de las tantas falsedades que contiene la denuncia porque tampoco ocurrió. La Argentina no importó petróleo ni combustible de Irán, mientras que la venta de granos la efectúan empresas privadas sin intervención del Estado. Además, también es fácilmente constatable que el saldo comercial del 2014, luego de la firma del Memorándum, fue el más bajo de los últimos años, con lo que se desvanece otra falsa acusación.

Por su parte, los supuestos agentes que figuraban en la denuncia tampoco eran agentes, lo que también deja en evidencia la interna de los servicios de inteligencia luego de los cambios en la cúpula de la SI decididos por la Presidenta el mes pasado y sus oscuras vinculaciones con jueces y fiscales. Un resabio de la última dictadura que sigue siendo una deuda pendiente de la democracia.

Las víctimas de la AMIA, sus familiares y todos los argentinos hace 21 años que esperamos justicia, éste es el compromiso que tenemos como dirigencia política, por eso bregamos para que haya celeridad en la investigación con el único objetivo de esclarecer el mayor atentado que sufrió nuestro país.

Sabemos que la denuncia del exfiscal es sólo un eslabón más de una cadena de ataques contra el Gobierno por parte de sectores que no tienen límites y que pueden llegar hasta esta instancia para clausurar un proyecto político que ha decidido enfrentar a los poderes corporativos desestabilizadores. Y sabemos también que en los próximos meses, que serán determinantes para el futuro de la Argentina, esta escalada de embestidas y operaciones irá en aumento a medida que se acerque el período electoral.

Quienes formamos parte de este proyecto vamos a seguir defendiendo como hasta ahora a nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, y reivindicando los logros de un proyecto que ha instaurado una bisagra en la historia argentina en la defensa de los sectores populares.