Para la fiscal Marcela Torres no cabe otra salida que una condena de 10 años de cárcel para la acusada, una joven de 33 años a quien le atribuye ser autora de un delito aberrante: los ultrajes sexuales contra su propio hijo, incluso con el empleo de un lápiz. Para el defensor Maximiliano Orozco, la situación es todo lo contrario: "Hace casi dos años que está detenida (la mujer cayó el 1 de noviembre de 2016) por algo que no hizo y es muy doloroso para ella porque está privada de su libertad y también de ver a su hijo. Debe ser absuelta, de las pruebas se desprende que el menor no presenta rasgos físicos ni psíquicos de haber sido abusado", dijo ayer.

Según el letrado, la denuncia fue la consecuencia de una pésima relación entre la mujer y su ex. "Todo esto fue tramado por el padre del niño, un expolicía con antecedentes delictivos que fue echado de la fuerza", dijo ayer el letrado.

El juez escuchará hoy las últimas palabras de la acusada y luego dará su veredicto.

Quien tendrá que decidir la compleja situación es el juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h). Y esa decisión incluye determinar si hubo nulidades, planteadas ayer por las partes. Según fuentes judiciales, Fiscalía pidió anular el "psicodiagnóstico" del niño en el que se concluye que presenta un cuadro de conducta complejo, similar al de un chico autista, pero no el de alguien abusado.

Fue Orozco quien solicitó ese informe en medio del juicio, pues hasta el momento del debate sólo se contaba con el informe de la Cámara Gesell en el que se hablaba de un chico posiblemente abusado, ya que en la entrevista con un psicólogo el menor dijo que su mamá le pegaba y hasta lo pinchaba con un lápiz en el agujerito". Esta y otras pruebas fueron sostenidas por la fiscal, dijeron fuentes judiciales.

Orozco cuestionó también la "defensa ineficaz" a la que fue sometida su clienta desde el comienzo del proceso: "Se le impuso un defensor oficial y no se le dio la posibilidad de elegir un abogado", dijo.