En los próximos días el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, comenzará un nuevo juicio contra cuatro acusados de haber perpetrado la supuesta trata sexual de una chica en 2012 (entonces tenía 14 años) cuando intentaron venderla por $10.000 a una organización delictiva de Santa Fe para prostituirla, según la acusación. Los sospechosos son dos hermanas de la niña, un excuñado y otro sujeto. Al cabo de un primer juicio que concluyó el 26 de agosto de 2015, todos fueron desligados del delito de trata sexual y sólo dos fueron condenados pero por otras maniobras delictivas: una de sus hermanas, Yésica Cortese Ortíz (34), recibió 3 años de cárcel por corromper sexualmente a la menor. Y su excuñado Federico Elías Fernández Santa Lucía (35) recibió 4 años de cárcel por acopio y tenencia ilegal de armas y munición de guerra.

Los otros acusados por ese hecho habían sido absueltos por el beneficio de la duda: son la hermana de la víctima y a su vez expareja de Fernández Santa Lucía, una mujer de apellido González. Y Emanuel José Samuel Astudillo (31) que luego fue recapturado en Santa Cruz.

Había sido el fiscal federal Francisco Maldonado quien pidió revisar aquel primer fallo, disconforme porque a su entender Fernandez Santa Lucía y Cortese Ortiz debían ser condenados a 15 años. Y Astudillo y la otra hermana a 10 años de prisión.

La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón al fiscal. Y ahora los jueces del Tribunal Federal Daniel Doffo, Eliana Ratá y Alberto Carelli volverán a ventilar las pruebas del caso para determinar si cometieron o no el delito de trata sexual.

EL CASO

Los supuestos planes para vender a la niña se descubrieron cuando su madre denunció su desaparición, en noviembre de 2011. La mujer estaba en Buenos Aires cuando supo que la menor no era encontrada por ningún lado desde el 7 de noviembre. El 15 de febrero, los investigadores comenzaron a sospechar del propio entorno de la menor porque apareció "drogada y asustada" en la casa de otra hermana en Rivadavia. A ella le contó que había estado encerrada en una casa del barrio Cabot, en Capital, donde la prostituían y que escapó porque pensaban venderla a Santa Fe por $10.000 para que una banda la siguiera explotando sexualmente.

El 9 de mayo de 2012, el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó un allanamiento, luego de varias escuchas que comprometían a los familiares directos de la niña. Así, llegaron a la casa de Fernández Santa Lucía donde encontraron gran cantidad de armas y, lo más grave, imágenes suyas con el presunto abuso sexual de su entonces hijastro de 5 años.

El proceso judicial por la presunta trata sexual de su excuñada menor de edad, le acarreó varios problemas legales a Federico Fernández Santa Lucía. Al punto que, luego de aquellos allanamientos en 2012 por esa causa, recibió tres condenas: la anulada de 4 años que le impuso el Tribunal Federal, sólo por el acopio y tenencia ilegal de armas y munición de guerra. Otro año de cárcel que le aplicó la jueza en lo Correccional Mónica Lucero tras amenazar a dos nutricionistas del Penal de Chimbas, por la dieta que le dieron para combatir sus problemas de colesterol.

Y la más abultada, los 14 años de prisión que recibió en la Sala II de la Cámara Penal de los tribunales provinciales por el abuso sexual de su exhijastro (tenía entonces 5 años), a quien fotografió practicándole sexo oral.

Este sujeto comparte encierro actualmente con su padre, Federico Fernández Gizzi, y su hermano, Sergio Daniel, ambos condenados a 17 y 14 años, respectivamente, por el crimen del abogado Francisco Sirera.