Quién mejor que él, contratado y con funciones en el área de Adjudicaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), para dar total crédito a su versión de que, con algo de dinero, era posible conseguir una carpeta para poder tener una casa en cualquiera de los barrios construidos por el Gobierno. Con ese inoxidable modus operandi, el ahora ex empleado público Eduardo Maximiliano Varela (29) embolsó 2,7 millones y dos televisores de 32 y 50 pulgadas, entre el 5 de julio y el 21 de octubre de 2021. Como era de esperar, la maniobra naufragó cuando las víctimas se cansaron de buscar respuestas y al final supieron que su sueño de la casa propia no sería posible a través de él, porque lisa y llanamente habían sido engañados. Según los denunciantes, varios de los pagos fueron concretados en persona en un entrepiso del Centro Cívico. Otras operaciones se realizaron por transferencia electrónica del dinero. En todos los casos, luego de recibir el dinero, Varela desaparecía y se desentendía de los reclamos.
Hoy, Varela admitirá en un juicio abreviado su autoría en esos 21 hechos, en dos de los cuales pudo haber contado con la participación del suboficial de la Policía Adrián Joel Sánchez y su esposa Agostina García. Por ahora, ambos niegan toda vinculación con las maniobras de Varela, pero están imputados y podrían ir a juicio como sus cómplices, indicaron fuentes judiciales.
Varela trabajó entre agosto de 2018 y septiembre de 2021 en el área Adjudicaciones del IPV, función que usó como gancho para embaucar a los incautos que se animaron a pagar, aun sabiendo que para obtener una casa construida por el Gobierno no hace falta más que inscribirse y acreditar que no se tiene un techo propio.
El caso fue denunciado por el director del IPV, Marcelo Yornet, apenas se enteró de esas maniobras. Entonces el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales), investigaron y dieron con el sospechoso, a quien pidieron detener. Varela cayó preso el 27 de enero del año pasado y quedó encerrado con prisión preventiva, hasta que su defensa apeló y un tribunal superior lo excarceló.
Según fuentes judiciales, hoy ratificará el acuerdo logrado con Fiscalía y ante un juez admitirá que cometió 21 hechos de fraude. El caso podría tener otro capítulo, porque en lo que por ahora no hay acuerdo es en la modalidad y monto de la pena.
Según fuentes judiciales, si acepta indemnizar o reparar el daño causado a las víctimas, podría acceder a un castigo de ejecución condicional (sin encierro). Si no, Fiscalía le pediría al juez que lo condene a 5 años de prisión efectiva.