Fiscalía finalmente pidió 3 años de prisión para la directora Salvatierra, que hoy hablará
La defensa solicitó que sea absuelta. La acusan de falsificar documentos para que 5 alumnos se recibieran.
La defensa solicitó que sea absuelta. La acusan de falsificar documentos para que 5 alumnos se recibieran.
El fiscal Iván Grassi, coordinador de la UFI Delitos Especiales, pidió ayer al juez Alberto Caballero que Patricia Fabiana Salvatierra sea condenada a 3 años de prisión y que sea inhabilitada por 6 años para ocupar cargos, por haber falsificado documentos públicos (actas, planillas, entre otros) para que de manera irregular consiguieran su título secundario cinco alumnos (incluido un hijastro) de la escuela secundaria en la que era directora, la Presidente Néstor Kirchner, situada en Albardón. Y también por haber actuado de manera irregular para darle horas cátedra a un docente.
Así, Fiscalía hizo un ajuste respecto a la pretensión de pena que había efectuado cuando la causa se elevó a juicio, puesto que en esa instancia había adelantado que pretendía 3 años y 6 meses. De todas formas, el nuevo pedido implica también una pena de prisión efectiva.
En la otra vereda, los defensores Martín Zuleta y Gabriel González solicitaron la absolución de su clienta, aludiendo que Salvatierra no cometió delito alguno. "Se va a cometer una injusticia muy grande si se la condena", dijo Zuleta, quien por otro lado adelantó a este diario que hoy, cuando la acusada tenga la posibilidad de decir sus últimas palabras, no se quedará callada.
La defensa buscó instalar la versión de que la exdirectora, que llegó libre al juicio, buscó siempre la forma de ayudar a los alumnos bajo políticas de inclusión, por ejemplo con la implementación del plan nacional PMI (Plan de Mejora Institucional). "Las maniobras fueron burdas", disparó el fiscal Grassi, que estuvo acompañado por el ayudante fiscal Ignacio Domínguez. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2020, años en los que Salvatierra supuestamente benefició a esos cinco alumnos y a la docente, incurriendo en los delitos de falsedad ideológica de instrumentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las maniobras fueron denunciadas por autoridades del Ministerio de Educación el pasado 23 de abril, y pusieron también en la mira a una preceptora, María Natalia Arroyo, quien en un juicio abreviado aceptó 3 años en suspenso.
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