Doce años después del escandaloso caso que involucró a un funcionario de Desarrollo Humano, a un empleado del entonces Ministerio de Economía y a dos comerciantes, por simular ventas de insumos que el Estado compra para gente pobre y quedarse con la plata, el caso llegó a juicio. Pero sólo con dos de los cuatro acusados: dos fallecieron, otro fue declarado prófugo, pues lo citaron, lo buscaron y no hubo forma de localizarlo. Y sólo un comerciante se presentó ante los jueces de la Sala III de la Cámara Penal, para admitir en un juicio abreviado con el fiscal José Eduardo Mallea que participó en uno de los tres delitos investigados, y que está dispuesto a recibir 2 años de condena en suspenso (sin encierro).

Ese imputado es el comerciante Raúl Alejandro Imparado (46), acusado de participación principal en los delitos de "estafa agravada y peculado", pues colaboró en la confección de un remito y una factura de su empresa, "Ortopedia Imparado", para la adquisición de una prótesis de rodilla que, en teoría, iba a beneficiar a Mercedes Carrizo, pero que nunca llegó a destino.

Ahora resta que el imputado ratifique el acuerdo ante el tribunal. Luego habrá sentencia.

Según la acusación, en esa maniobra participó también un hombre clave en los tres delitos ahora juzgados, el ya fallecido Juan Carlos Navarro, entonces jefe de la División Habilitaciones de la Secretaría de Promoción Social de Desarrollo Humano y encargado de firmar los cheques. Y otro acusado, el también fallecido comerciante Jorge Omar Páez que cobró ese valor por $2.400 el mismo día (16 de mayo de 2006) que Navarro elaboró el cheque para Imparado, agregándole "y/o Jorge Omar Páez", fuera de todo el procedimiento establecido para la facturación.

A Navarro se lo señaló también como facilitador del cobro de un cheque por $3.177 que debían ir a la "Farmacia Entre Ríos" por una costosa droga para el cáncer de Silvia Spina. Pero el 15 de marzo de 2006 esa plata la cobró en el Banco San Juan Edgar Núñez, un empleado del entonces Ministerio de Economía, que en 2016 fue noticia otra vez, cuando se detectó que durante 3 años cobró como ñoqui, pues marcaba tarjeta a la hora de ingreso, desaparecía y volvía a marcar a la salida, dijeron fuentes judiciales.

Núñez fue declarado prófugo por los jueces Eugenio Barbera, Maximiliano Blejman y el subrogante Ernesto Kerman.

El caso había sido descubierto por un contratado en el área donde trabajaba Navarro. Y la investigación arrojó que el ya fallecido también había firmado otro cheque a la orden de Páez por $1.214, que no llegó a cobrar porque la Policía lo secuestró. Era uno de los 9 pagos que se hicieron en el banco para otra oficina pública, el Boletín Oficial, pero el dinero nunca llegó a las arcas de ese organismo.