La Corte de Justicia confirmó la condena de 6 meses sin encierro y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que la jueza Mónica Lucero (Tercer Juzgado Correccional) le impuso el 24 de septiembre de 2021 al comisario Gustavo Adolfo Padilla (58), por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Para la magistrada, y ahora también para los ministros Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Juan José Victoria, quedó probado que ese policía actualmente suspendido, pidió a un juez una camioneta Toyota Hilux incautada y custodiada en el Depósito Judicial de vehículos que él dirigía, para usarla personalmente y no para afectarla al trabajo de esa área de la Policía, indicaron fuentes judiciales.
‘El encausado conocía y sabía que su accionar no era el adecuado, abusando de modo consciente e intencional de su función de Encargado del Depósito Judicial para obtener un beneficio particular, soslayando la normativa exigible conforme su estado policial (…)’, dijo en su voto la ministra García Nieto.
El fallo de la Corte promete complicar ahora el futuro de ese comisario, que también es investigado por otras dos presuntas maniobras irregulares con vehículos del Depósito Judicial. A saber: la falsificación de la firma de quien era jefe de la seccional 3ra en un acta que servía para poder sacar del Depósito un Chevrolet Corsa que luego fue vendido. En esa causa, también está involucrado un oficial identificado como Mauricio Oro.
La otra causa que complica a Padilla es la venta de autopartes de al menos un auto, también incautado y dejado en el depósito de 9 de Julio por orden judicial.
El comisario Padilla había sido denunciado en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión en septiembre de 2019, porque a más de uno le resultó sospechoso que le diera un uso particular a una Toyota Hilux incautada. El jefe policial pudo probar que el ahora exjuez Pablo Flores lo había autorizado a usar ese vehículo, pero el propio magistrado resultó cuestionado (tuvo que renunciar) pues se argumentó que la Corte debía autorizar el empleo de los vehículos secuestrados.
Internamente, Padilla también fue criticado en la Fuerza, pues otros jefes policiales atestiguaron que no había pedido vehículos a la misma Policía, que al hacerlo en el caso de la Toyota debía haberla solicitado siguiendo la vía jerárquica (es decir pedirla a través de sus jefes) y, además, porque debió haber dejado constancia de que era para uso de la Policía y no personal, indicaron.
Su defensa intentó descalificar el fallo de la jueza Lucero, con el argumento de que el uso particular del vehículo ‘fue circunstancial y estuvo justificado’. Además, aseguraron que el hecho no constituía delito y que la jueza se excedió en la interpretación de las normas, violando derechos y garantías constitucionales en favor de su cliente. Ahora, podrán reclamar al máximo tribunal de Justicia del País.