La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento de cuatro exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan y un expolicía por la ‘desaparición forzada’ del ingeniero Raúl Félix Tellechea, ocurrida a primera hora del 28 de septiembre de 2004. Un sexto sospechoso, el ‘arrepentido’ Sebastián Cortez Páez, no había apelado y, por lo tanto, la resolución en su contra ya estaba firme.

El fallo de los jueces Raúl Fourcade y Roberto Naciff representó un respaldo a la resolución del juez Leopoldo Rago Gallo y al pedido del fiscal Francisco Maldonado. Y puso a un paso del juicio a los exdirigentes Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Rubén Eduado Oro y Luis Alonso, como también al expolicía Alberto ‘Lali’ Flores y al joven Sebastián Cortez Páez.

Es más, uno de los magistrados, Roberto Naciff, insistió en su opinión (relegada ya por mayoría) de que todos los imputados deberían estar presos, como sostiene también el fiscal Maldonado. ‘Estimo que en el caso bajo estudio, la gravedad del delito justifica el encarcelamiento preventivo’, dijo el juez.

Salvo Cortez Páez que no apeló, los demás implicados habían cuestionado la decisión del juez Rago Gallo, a la que pedían anular por ‘arbitraria’ y carente de fundamentos, algo que violentaba su derecho de defensa y el debido proceso. En algunos casos pidieron cambiar la calificación del delito, pues entendían que no se estaba ante un caso de desaparición forzada.

Sin embargo para los magistrados quedó claro, tal como lo planteó la familia Tellechea, de que aquella vez los exdirectivos quizá inventaron una reunión con Tellechea y lo denunciaron por fraude para ocultar el verdadero foco del problema que era su propia administración fraudulenta de los fondos de la mutual. Y así desviar la investigación intentando hacer creer que Tellechea se había fugado luego de cometer un desfalco.

Asimismo, Fourcade y Naciff adhirieron al argumento del fiscal Maldonado de que ‘el mecanismo de impunidad tuvo el apoyo del Estado a través de la coautoría funcional de Luis Moyano, funcionario público (trabajaba en Desarrollo Humano) que a su vez contó con la colaboración de fuerzas de seguridad de la provincia y de operadores judiciales que no promovieron una investigación seria y eficiente, sino todo lo contrario, pues abonaron la hipótesis de la ausencia voluntaria instada desde los coautores’.

La decisión de los jueces no está firme. Y todos los implicados aún pueden pedir ante ese mismo tribunal llegar con sus reclamos a la Cámara Nacional de Casación. Si el fallo no es revocado, van a juicio.

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