El 2 de noviembre de 2016, a eso de las 18, Rubén Augusto "Cuchillo" Díaz (46) y su sobrino el "Dibu" Pablo Emanuel Díaz (36) se tentaron con robar un Chevrolet Corsa, como en el que transitaban. Pablo bajó y con una punta buscó abrir una puerta del vehículo estacionado en Saturnino Sarassa al 850 Este, en Trinidad, Capital, pero desistió. Justo en ese momento paró otro auto y desde adentro alguien les sacó fotos con un teléfono: eran José Ariel Riveros y Esteban Reynoso. Sabían que el vehículo atacado era de su compañero en "Toyota", Nelson Omar Mira. Por eso sacaron fotos y se fueron, pero los Díaz los siguieron hasta interceptarlos en un semáforo. Les preguntaron por qué sacaban fotos y el menor de los Díaz amenazó a Riveros: "Te voy a hacer boleta". Enseguida cayeron presos y así estuvieron hasta que llegaron a juicio en la Sala II de la Cámara Penal, donde presentaron un acuerdo con las víctimas de sus delitos para zafar de la causa: ante un juez, ratificaron que habían entregado $2.000 al dueño del auto y otros $3.000 a quien amenazaron para conseguir la extinción de la acción penal, una salida al conflicto que permite el perdón de la víctima al delincuente por "conciliación o reparación integral del perjuicio causado". En esos acuerdos se omite la participación de la Fiscalía (que representa al Estado), pero el fiscal del caso se opuso entonces con el argumento de que en la provincia aún no se había reglamentado cómo y para qué delitos aplicar esos acuerdos. Y al final la Corte de Justicia le dio razón.

El caso entonces volvió a la misma Sala II de la Cámara Penal, pero ya con otro juez, Juan Carlos Peluc Noguera, ante el cual los mismos acusados presentaron otro acuerdo, uno de juicio abreviado con la fiscal Leticia Ferrón de Rago, en el que cual admitieron su responsabilidad y aceptaban ser condenados: el mayor de los Díaz a 1 año de prisión y su sobrino a 1 año y 6 meses, porque además de la tentativa de robo sumó las amenazas. Y ese castigo les impuso finalmente el magistrado a estos sujetos, que tienen un abultado prontuario.

Sin extinción de la acción penal y condenados, ahora los Díaz encomendaron a su abogado, Leonardo Villalba, el trámite para recuperar su dinero.