Al fiscal federal Francisco Maldonado, le quedó una certeza contundente: entre julio de 2015 y el 18 de mayo de 2016, una organización narco integrada por 14 sujetos comerció distintos tipos de drogas (cocaína, marihuana) que un gendarme les mandaba de Salta en encomiendas recibidas sobre todo por dos policías para ser distribuidas luego en el Gran San Juan y principalmente en Jáchal. También hubo envíos de drogas sintéticas ejecutados por otro sujeto desde Córdoba, con el mismo destino.

Por eso ayer le pidió a los jueces del Tribunal Federal (Hugo Echegaray, Raúl Fourcade y Alberto Daniel Carelli) que aplique las penas más graves a esos efectivos que debían prevenir y combatir el delito y no ser piezas claves en el andamiaje del narcotráfico. Así, solicitó 6 años y 6 meses de cárcel más una multa de $5.000 para el gendarme Milton Alexis Páez y los agentes de la policía local Pablo Gabriel Manrique y Juan Pablo D"Agostino. Les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por el número de personas y su calidad de miembros de fuerzas de seguridad.

Los mismos años de cárcel pero $4.000 de multa solicitó para Carlos Daniel "Carluga" Posse y Sergio Luis "Miagogo" Bustos, a estos últimos porque ya tenían causas pendientes: Posse había caído con unos 90 gramos de marihuana el 20 de septiembre de 2015. Y Bustos había sido sorprendido con 66 gramos de marihuana el 5 de octubre de 2012 y volvió a caer con 119 gramos de la misma hierba el 7 de septiembre de 2014.

También pidió 6 años de cárcel para otros 8 acusados: la pareja de Bustos, Graciela Elizabeth Castro, Tamara Elizabeth Martínez, Darío Emiliano Lucero, Alejandro Elías "Chancho" Levis, Luis Damián Sierra, Washington David Vega, José Danilo Argumosa y Leanadro Rafael Aguilar. A este último imputado le adjudicó el envío de LSD, éxtasis desde Córdoba.

En opinión de Maldonado, el único que sólo participó en el delito de comercio sin los agravantes, es el salteño José Luis Viltes, acusado de cruzar a Bolivia a buscar la droga que luego le entregaba al gendarme.

El alegato del fiscal fue cuestionado por todos los defensores, que plantearon nulidades en el proceso, atenuar los castigos en el caso de sus clientes más complicados o absolverlos, por el beneficio de la duda o por inimputabilidad.

Luego de los alegatos, el tribunal escuchó la queja de los imputados por su decisión de continuar con el tramo final del debate, recién el 6 de marzo.