Las niñas tenían 5 y 4 años cuando su mamá había abandonado a su padre en La Rioja y se trasladó al departamento 25 de Mayo con ellas y otros dos hermanitos. En 1999, la mujer armó pareja con un changarín, se fue a vivir con él y esa relación terminó siendo una de las decisiones más dañinas para las niñas. Luego de que la menor de las hermanitas fuera enviada a vivir con una tía, el resto de la familia comenzó a sufrir la violencia del nuevo jefe de hogar, pero la peor parte se la llevó la nena: a los 7 años el sujeto empezó a bañarla y manosearla, y por las noches a dormir con ella para continuar con sus perversos designios. Cuando la niña tuvo 8 o 9 años empezó a ser violada, hasta que tuvo 12, en la casa o en los parrales a los que el sujeto la llevaba con cualquier excusa. En esa época, se resolvió que esa niña se fuera a vivir con la tía y que regresara su hermana, por entonces de 11 años. Y la situación volvió a repetirse, con consecuencias aún peores pues la chica fue violada varios años hasta que, cuando tuvo 15, dio a luz un hijo que nació con síndrome de Down.

Según el expediente, ya en 2010 intentaron poner las quejas en la Justicia pero nada cambió. En ese momento su madre consentía el violento comportamiento de su pareja; privilegiaba la manutención por encima de la salud física y mental de sus niñas, según la denuncia.

Pero el 11 de enero de 2016, ambas hermanas denunciaron, el caso se judicializó y una de ellas aportó como evidencia a su propio hijo, como para que no quedaran dudas de que los aberrantes delitos habían ocurrido.

Un ADN en el nene que nació por las violaciones fue clave.

Y el estudio de ADN fue contundente: el niño era del changarín, que hoy tiene 48 años.

Pero cuando lo metieron preso se hizo el desentendido. Dijo que todo lo relatado en las denuncias eran "puras mentiras", que siempre se llevó bien con las niñas y que recién en la indagatoria se estaba enterando del embarazo de una de ellas.

Ahora, el sujeto llegó a juicio y como las pruebas en su contra son contundentes, resolvió admitir la autoría en los delitos contra las víctimas (hoy ya jóvenes) y también aceptar una condena de 23 años de cárcel, dijeron fuentes judiciales.

El acuerdo de juicio abreviado fue ratificado ayer por el acusado, su defensora oficial, Mónica Sefair, y el fiscal Gustavo Manini. Será la jueza Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I, Cámara Penal) quien resuelva qué castigo impondrá al jornalero.