Acorralado por las pruebas en su contra, el policía que cobró adicionales adulterando firmas y sellos aceptó ser condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional (sin encierro) y cuando el fallo quede firme será exonerado de la Fuerza, confirmaron fuentes oficiales.

El oficial subinspector de la Policía de San Juan Julio Gabriel Atampiz admitió la autoría del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en un juicio abreviado acordado por intermedio de su defensora, María Filomena Noriega, con el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi. Mientras que el juez de Garantías Eugenio Barbera homologó el acuerdo.

Atampiz era el encargado de la programación de turnos de servicios adicionales en la Escuela Marcelino Guardiola de Rawson, sobre la calle Meglioli. Según fuentes judiciales, la asistencia era controlada mediante planillas oficiales en las que cada efectivo policial llenaba su casillero con sus datos personales, horario de entrada, de salida y firma. Luego ese mismo casillero era firmado y sellado por las autoridades de la escuela quienes se encargaban de controlar la asistencia. 

El escándalo estalló cuando las autoridades escolares advirtieron en múltiples oportunidades la falta de efectivos policiales en el establecimiento, que incluso en esos días fue blanco de un robo. Por ese motivo el día 26 de mayo del 2020 la directora se presentó en las oficinas de Servicios Adicionales para reclamar la correcta prestación de los servicios, mostrando copia de las planillas de asistencia del personal de adicionales que tenía en su poder. Las mismas fueron cotejadas con las planillas originales que habían sido presentadas por Atampiz para percibir la liquidación por los servicios prestados y en ese momento pudieron advertir que eran distintas. Por ese motivo se solicitó una pericia caligráfica y se logró establecer que el ahora condenado truchó la firma de los otros 9 efectivos que prestaban servicios en la escuela y de la directora, como así también falsificó estampados de sellos. Asimismo, se advirtió que había adjudicado turnos a los cuales no había asistido, según el expediente. Con esas maniobras realizadas en febrero y abril de 2020 Atampiz cobró $46.374.

El policía no contaba con antecedentes penales pero sí registraba 220 días de sanción disciplinaria (arresto) por distintas inconductas cometidas desde el 2014, entre ellas llenado de libros con datos erróneos y no presentarse a cumplir servicios, señalaron fuentes del caso.

Entre las pruebas con las que contaba Fiscalía, se encuentran las declaraciones testimoniales del resto de los policías que prestó servicios en la escuela, quienes no habían percibido las liquidaciones correspondientes por los mismos.

Atampiz se encontraba suspendido por disposición de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública. Ahora, si el fallo queda firme, será expulsado definitivamente.