Un oficial y un agente del Comando Radioeléctrico, acusados de extorsión, salieron beneficiados por un polémico fallo judicial. El caso fue denunciado en septiembre del 2014 después de que estos efectivos abandonaron sus tareas de patrullaje para ir hasta una casa de Chimbas y, simulando un operativo, se llevaron ilegalmente un vehículo (por una deuda que tenía) para entregárselo a un vendedor de autos que en la actualidad está prófugo, según la causa.
En una resolución que se conoció recientemente, el juez de instrucción Pablo Flores entendió que el oficial incurrió en los delitos de extorsión, estafa e incumplimiento a los deberes de funcionario público, pero luego curiosamente cambió la calificación, lo procesó por un delito menor y lo dejó libre. En el caso del agente, que estaba libre, dictó su sobreseimiento y lo despegó totalmente de la causa.
El dictamen del juez del Segundo Juzgado de Instrucción fue firmado el 8 de julio pasado, a casi un año de iniciada la causa. La fiscal Ana Lía Larrea se notificó en estos días y podría apelar el fallo, dado que anteriormente rechazó el cambio de calificación. A todo esto, el oficial José Rojas (30), el principal acusado, ya fue puesto en libertad, mientras que el agente Gustavo Castro (36) se encuentra trabajando, confirmaron en la Policía.
El hecho
Para el juez quedó probado que el 3 de septiembre de 2014, el oficial Rojas y el agente Castro fueron en su patrulla a una casa del Lote Hogar 38. Rojas se presentó como el "oficial Aguirre" de la "subcomisaría Cipolletti" ante la propietaria y preguntó por su hijo, de apellido Chirino. Ella contestó que él no estaba. Entonces el uniformado le comunicó: "Vengo por el auto" (un Peugeot 405 de Chirino) y afirmó que traía "una orden". También simuló labrar un acta y dijo que "sí o sí se llevaba el auto", según la causa.
El policía luego habló por celular con el dueño del coche y señaló que iba de parte del titular del auto. El uniformado presionó diciéndole que no se preocupara, "que lo había investigado y sabía que no tenía antecedentes" y "que si se llevaba el auto, la deuda que se había ido a $25.000, caducaba y no debía pagar la misma", indica el expediente.
Después, con ayuda de Castro (que estaba en el móvil) sacaron el coche, lo empujaron con el patrullero y lo llevaron hasta donde los esperaba el vendedor de autos Gonzalo Atencio (hoy prófugo) en otro vehículo. Ahí amarraron el 405 a ese otro coche y lo remolcaron, según la investigación. Los movimientos del patrullero quedaron registrados en la Policía. Además, una cámara de seguridad captó la manera en que remolcaban al 405, "custodiado" por el patrullero, por una calle de Capital.
Las pruebas
Esa noche, los Chirino fueron a la Subcomisaría Cipolletti y descubrieron que el operativo era una farsa. Eso desató la denuncia por la sustracción del vehículo. Más tarde, la Policía estableció que todo venía por ese auto que Chirino compró y no terminó de pagar. Por eso apuntaron a Atencio, el vendedor.
Según la causa, cuando Rojas se enteró de la denuncia, él mismo fue a la subcomisaría a averiguar y contactó al oficial instructor para desviar la pesquisa y favorecerse. Le hizo 21 llamados y le envió 114 mensajes. A los días, Rojas llamó para avisar dónde estaba el auto.
Rojas y Castro después cayeron presos. Este último nunca declaró. El oficial, en cambio, aceptó que conocía al agenciero Atencio, pero aseguró que ese día lo acompañó sólo para "constatar el domicilio de Chirino". Negó haber presionado a la familia o tener algún trato con Atencio, y se justificó diciendo que se llevó el auto porque la madre de Chirino se lo pidió.
Contradictorio
El juez Flores afirmó que Rojas "obró con dolo específico de sustraer… el automotor". En el procesamiento señala "puede decirse que la conducta de Rojas ha abarcado los delitos de estafa, extorsión e incumplimiento de los deberes públicos". Es que supuestamente utilizó el engaño, la intimidación y encima, siendo policía, se manejó al margen de la ley.
Ahora bien, resulta al menos contradictorio que el mismo juez después resumiera todas esas figuras en una sola, en el delito de concusión, que habla de una forma de extorsión pero que tiene una pena de 2 a 6 años y que permite la excarcelación. La extorsión en cambio se castiga con penas de 5 a 10 años y no es excarcelable. En este caso, el juez procesó a Rojas por concusión y, al bajarle la calificación, ordenó ponerlo en libertad. Es la misma figura que pedía el abogado defensor antes de la indagatoria, pero que la fiscal rechazó de plano.
En relación a Castro, que nunca declaró, el juez directamente lo sobreseyó. Un funcionario judicial señaló que bien podría haberlo procesado por incumplimiento a sus deberes. Y es que puede que no haya tenido nada que ver con el hecho, pero sabía que el accionar de Rojas era ilegal y no intervino ni tampoco informó a sus superiores. Del dueño de la agencia, que se supone tenía relación con el oficial, no sabe nada y sigue prófugo.