La investigación judicial por el presunto fraude de la empresa Branka Motors continúa ampliándose en San Juan y ya se perfila como una de las causas por estafa más numerosas de los últimos años. Durante el pasado fin de semana se registraron cerca de 20 nuevas denuncias, lo que eleva el total a casi 200 presentaciones de presuntos damnificados.
En ese contexto, se produjo un cambio en la conducción de la causa. El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Gallastegui, asumió la investigación en carácter de subrogante, debido a que el fiscal Guillermo Heredia inició su período de vacaciones.
La causa ya tiene a tres empresarios plenamente identificados y bajo la lupa judicial. Si bien por el momento no hay una pretensión de formalizar imputaciones, fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía sigue enfocada en la recolección y sistematización de denuncias antes de avanzar con medidas procesales de mayor peso.
En paralelo, se concretaron nuevos allanamientos. En las últimas horas, personal judicial y policial realizaron un procedimiento en la concesionaria EMMEBE Motos, ubicada en la intersección de Laprida y Catamarca, en Capital. Allí se secuestraron dos motocicletas consideradas de interés para la causa, además de documentación que será analizada por los investigadores.
Antes de salir de licencia, el fiscal Guillermo Heredia se había referido públicamente al expediente y confirmó que la investigación se encuentra en una etapa inicial, aunque con medidas concretas ya ejecutadas. En declaraciones realizadas en Tribunales, explicó que las primeras denuncias fueron recientes y que se avanza en la toma de elementos de convicción necesarios para determinar si los hechos denunciados configuran un delito penal.
Heredia también confirmó la realización de allanamientos previos y precisó que, en su mayoría, se secuestró documentación vinculada a las operaciones comerciales. Remarcó que el legajo permanece reservado para no entorpecer el avance de la investigación.
Según el propio fiscal, la magnitud del caso es significativa. La Fiscalía habla de más de un centenar de presuntos damnificados y, ante el volumen de presentaciones, se otorgaron turnos para radicar denuncias hasta los primeros días de febrero. Algunas víctimas manifestaron públicamente haber pagado sumas cercanas a los dos millones de pesos, de contado o en cuotas, sin haber recibido la motocicleta prometida.
El caso tomó mayor visibilidad luego de un hecho policial ocurrido en un local de avenida Rioja y 25 de Mayo, donde un hombre fue detenido tras intentar retirar una moto ante la falta de entrega de la unidad que había abonado.
Desde la UFI también aclararon que las denuncias realizadas por la vía civil o en Defensa del Consumidor no condicionan la investigación penal. La Fiscalía analiza los hechos bajo la hipótesis de una posible defraudación, diferenciando claramente el plano civil del penal.
Mientras tanto, Branka Motors confirmó la suspensión de sus operaciones de compra y venta en la provincia, en medio de una causa que sigue creciendo en volumen, complejidad y expectativa por parte de los presuntos damnificados.