La situación judicial de los dueños de Branka Motors dio un giro brusco: el acuerdo de reparación integral que les había permitido recuperar la libertad quedó prácticamente sin efecto luego de que venciera el plazo para el pago de la primera cuota, 25 de abril, sin que se concretara el depósito.
Caso Branka Motors: no pagaron la primera cuota, se cayó el acuerdo y piden que los dueños vuelvan a prisión
En marco del caso Branka Motors, venció el plazo para pagar la primera cuota de la reparación integral y no hay noticia de los imputados.
Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, existió un “cortocircuito” entre la defensa y los imputados, y desde entonces no hubo explicaciones ni señales sobre el incumplimiento, pese a que los 352 damnificados ya habían presentado sus CBU para recibir el dinero comprometido.
Frente a este escenario, los abogados querellantes solicitaron una audiencia urgente para dar por caído el acuerdo y pedir que los acusados vuelvan a prisión hasta que se resuelva su situación procesal. La Oficina Judicial debería fijar esa audiencia dentro de las próximas 48 horas.
En paralelo, este lunes un grupo de víctimas se manifestó frente a Tribunales para exigir respuestas y reclamar que se endurezcan las medidas contra los responsables.
Un acuerdo millonario que quedó en jaque
El acuerdo había sido homologado por la jueza Ana Carolina Parra y contemplaba la devolución de 524 millones de pesos en cinco cuotas, con vencimientos entre el 25 de abril y el 25 de agosto. Esa resolución permitió que los imputados, los hermanos Alexis y Jonatan Marcó junto a su socio Facundo Banega, recuperaran la libertad bajo el compromiso de resarcir a las víctimas.
El plan incluía además garantías mediante bienes muebles e inmuebles aportados por los acusados y sus familiares, entre ellos propiedades y vehículos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento.
Sin embargo, el incumplimiento de la primera cuota pone en riesgo todo el esquema acordado y reabre el conflicto penal.
¿Pueden volver a prisión?
La caída del acuerdo no implica automáticamente que los imputados regresen a la cárcel, pero sí habilita a la Justicia a revisar su situación. En ese contexto, la audiencia solicitada por la querella será clave: allí se definirá si se revoca el beneficio de la libertad y si los acusados deben volver a quedar detenidos mientras avanza la causa.
El caso, que generó fuerte impacto en San Juan, había sido comparado con un esquema tipo “Ponzi”, donde el dinero de nuevos clientes se utilizaba para cubrir compromisos anteriores sin respaldo real en la entrega de motos.
Ahora, con el acuerdo en crisis, el proceso vuelve a foja cero en términos prácticos y deja a los imputados nuevamente bajo la lupa judicial, con un escenario que podría agravarse si no logran justificar el incumplimiento o retomar los pagos en lo inmediato.