La feligresa evangélica que quedó en el centro del escándalo por la venta de carpetas del IPV en la iglesia El Shaddai, en Rivadavia, volvió a quedar bajo la lupa judicial. La mujer recibió ocho nuevas denuncias por este caso y quedó involucrada a una causa por ofrecer carreras truchas en un instituto privado que dirigía en Capital.
Según la investigación, la denunciada promocionaba una gran variedad de tecnicaturas y cursos de corta duración, asegurando falsamente que el “Instituto Christine” contaba con el aval del Ministerio de Educación.
El material gráfico aportado a la causa, incluyendo publicidades del instituto en redes sociales, sobre todo en Facebook, revela el extenso y heterogéneo listado de formaciones que la mujer ofrecía a sus alumnos. Las ofertas se extendían desde el ámbito de la salud hasta las ciencias forenses y la administración, todas promocionadas con “Inscripciones Abiertas” y en algunos casos con grandes descuentos.
Entre las formaciones ofrecidas por el instituto se encontraban: Auxiliar de Farmacia con una duración de seis meses; Asistente de Farmacia, de ocho meses; Asistente de Evisceración y Morgue; Tecnicatura en Enfermería; Curso de Monotributista, de tres meses; Administrador Contable con Liquidación de Sueldos, de seis meses; Curso de Preceptor, de seis meses; Técnico Superior de Criminalística, catalogado como “único en San Juan” y Asistente de Veterinaria.
Además de las carreras principales, la institución también promocionaba una variedad de talleres como: Fotografía Forense, Canalización e Inyectables, RCP, Balística, Fotografía Profesional y Tejidos.
De acuerdo con la investigación, la denunciada promocionaba tecnicaturas de hasta tres años de duración, con cursado presencial y un pago mensual de cuotas, como en el caso de Criminalística, por la que surgieron las denuncias contra Heredia. Los alumnos realizaban los pagos en efectivo en la sede del establecimiento, ubicada en Calle Rivadavia 132 (E) o mediante transferencias bancarias a las cuentas personales de la imputada.
La causa comenzó a tomar forma cuando varios alumnos descubrieron que la tecnicatura no tenía reconocimiento oficial, el plan de estudios nunca fue aprobado y el instituto no figuraba como autorizado para dictar formación terciaria.
Una decena de damnificados, de la carrera de Criminalística, ya presentó denuncias, aportando como prueba recibos, libretas, contratos educativos y material fotográfico.
El Ministerio de Educación confirmó que, si bien la mujer inició un trámite para habilitar el instituto en 2023, nunca presentó la documentación requerida, por lo que el expediente caducó. Sin embargo, la institución ya funcionaba antes de ese año y siguió sumando inscriptos.
La acusada, que ya enfrenta una causa por estafa y fraude relacionada con la venta ilegal de carpetas del IPV, deberá ahora responder por esta nueva serie de hechos vinculados al engaño educativo.