El ex empleado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que había sido condenado por estafar a 21 familias con la promesa de una casa finalmente irá a la cárcel. Se trata de Eduardo Maximiliano Varela, quien este miércoles recibió una segunda condena que, al ser unificada con la sentencia previa por el caso de las estafas, determinó una pena única de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo. Al saber que su destino ya estaba escrito, el imputado lloró frente al juez, según especificaron fuentes de Flagrancia, lugar donde se tramitó la causa.
La resolución se conoció luego de una audiencia de finalización que había sido postergada para evaluar la salud mental del imputado. Tras el encuentro judicial, el fiscal del caso, Fernando Bonomo, dialogó con DIARIO DE CUYO y brindó detalles clave sobre cómo se llegó a la condena definitiva que envía a Varela a prisión.
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Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, la defensa había planteado la posibilidad de inimputabilidad, lo que motivó la intervención de una junta médica interdisciplinaria. Sin embargo, los profesionales concluyeron que Varela no reunía los parámetros del artículo 34, inciso primero, del Código Penal, por lo que fue considerado imputable. Ese dictamen permitió avanzar con el proceso y cerrar el caso mediante un juicio abreviado.
Según revelaron fuentes judiciales, el joven Varela arrastra una enfermedad por problemas con el consumo de droga desde los 14 años, pero esta situación personal no fue suficiente para evitar la cárcel.
Por el hecho más reciente, Varela fue condenado por robo simple en grado de tentativa, ocurrido en diciembre pasado en un kiosco pocitano. Por ese delito se acordó una pena de cuatro meses de prisión efectiva. No obstante, el punto decisivo fue que el acusado ya contaba con una condena previa en suspenso, dictada en 2023, por 21 estafas vinculadas a viviendas del IPV.
“Al recaer una nueva condena, se revocó la condicionalidad de la sentencia anterior y se procedió a la unificación de penas”, explicó Bonomo. Como resultado, la Justicia impuso una condena única de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, lo que implica que Varela deberá cumplirla tras las rejas.
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El fiscal de Flagrancia también destacó la solidez de las pruebas reunidas en la causa por el intento de robo. Calificó el plexo probatorio como “contundente” y remarcó, entre otros elementos, los testimonios de las personas que realizaron la aprehensión civil y los registros de las cámaras de seguridad, donde quedó claramente acreditada la participación del acusado en el hecho.
Este nuevo fallo pone punto final a una historia judicial que volvió a tomar notoriedad pública cuando DIARIO DE CUYO dio a conocer el video del intento de robo, registrado por las cámaras del kiosco. Aquella publicación expuso que el ex empleado del IPV, pese a tener una condena en suspenso por una de las estafas más resonantes de los últimos años, había vuelto a delinquir.
Ahora, con la pena unificada y de cumplimiento efectivo, la situación de Varela cambió de manera definitiva: el hombre que engañó a 21 familias con la promesa de una casa y quedó filmado intentando robar en un kiosco, irá finalmente a la cárcel.