Eduardo Maximiliano Varela, el exempleado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que fue condenado por estafar a 21 familias con la promesa de una casa, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Esta vez, por un intento de robo en un kiosco capitalino, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad y cuyo video fue al que accedió DIARIO DE CUYO.

El nuevo episodio ocurrió el 13 de diciembre de 2025, alrededor de las 4.30 horas de la madrugada, en el kiosco 24 horas “Arcoíris”, ubicado en calle 11 entre Independencia y Florida. Según consta en el legajo fiscal, Varela está imputado por el delito de robo en grado de tentativa.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el imputado ingresó al local con casco, simuló realizar una compra y, en un descuido de la empleada, extendió su mano por encima del mostrador para intentar llevarse dinero en efectivo que se encontraba en una caja de cartón detrás del vidrio. La maniobra fue advertida de inmediato y frustrada por la rápida reacción de la trabajadora y de otro hombre que estaba en el lugar, quienes lo redujeron tras un forcejeo que provocó la rotura del mostrador.

Al llegar al lugar, personal policial de la unidad operativa del Quinto Cuartel encontró a Varela reducido en la vereda frente al comercio, tras una aprehensión civil. Los testigos relataron lo sucedido y pusieron a disposición de la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa con claridad el intento de robo y el momento en que es inmovilizado.

Varela, de 32 años, fue trasladado en un móvil policial y puesto a disposición de la Justicia. Intervino el fiscal del caso, Fernando Bonomo, y el ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, quien entrevistó a la víctima y tomó conocimiento del procedimiento.

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En el marco del proceso, se ordenó la realización de una junta médica interdisciplinaria para evaluar si el imputado comprende la criminalidad de sus actos. El informe concluyó que presenta un escaso grado de comprensión, aunque determinó que entiende el carácter delictivo de sus acciones y puede dirigir sus reacciones, por lo que es imputable.

Pese a ello, antes de que se iniciara el juicio en Flagrancia, la defensa solicitó un cuarto intermedio para que declaren los profesionales que integraron la junta médica. El pedido fue concedido y el resultado fue la citación de dichos especialistas, una estrategia con la que el abogado defensor intenta evitar una eventual condena efectiva.

El punto clave es que Varela ya cuenta con una condena en suspenso de tres años de prisión por la causa de las estafas con las casas del IPV. Si es declarado culpable en este nuevo hecho, podría perder ese beneficio y terminar en la cárcel.

El antecedente pesa. Varela fue imputado el 29 de enero de 2022 por estafar a 21 familias, a las que les cobró dinero y bienes con la falsa promesa de acceder a una vivienda del IPV, aprovechándose de su rol como trabajador contratado en el organismo. En agosto de 2023 recibió una condena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras admitir los delitos de estafas reiteradas, exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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Maximiliano Eduardo Varela, cuando era investigado por la estafa con las casas del IPV.

No es la primera causa que complica a Varela, pues en Jáchal también fue investigado por defraudar a otras dos personas con compras a través de “Mercado Pago”, que luego desconoció, en diciembre de 2022, indicaron fuentes judiciales.

Ahora, con un nuevo proceso en marcha y un video que registra el intento de robo, la situación judicial de Varela vuelve a complicarse seriamente. El expediente quedó en cuarto intermedio y el futuro del acusado dependerá de lo que determinen los profesionales médicos y de la resolución final del tribunal.