Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino sumó otro acuerdo de reparación integral a su historial judicial. El empresario sanjuanino, investigado por una serie de presuntas estafas, llegó a un entendimiento con un nuevo denunciante y asumió el compromiso de devolverle más de $1,6 millones en cuotas.
El hombre de las reparaciones integrales: el empresario acusado de estafas cerró otro acuerdo con una víctima
Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino volvió a comprometerse ante la Justicia a devolver dinero a un damnificado. Esta vez, pactó el pago de $1.680.733 en siete cuotas mensuales, en una nueva salida alternativa dentro de las causas que enfrenta por presuntas maniobras fraudulentas.
El acuerdo fue presentado y tratado en audiencia ante la Justicia. Según quedó establecido, Balmaceda deberá entregarle a un hombre de apellido Godoy un total de $1.680.733, mediante siete pagos mensuales y consecutivos de aproximadamente $240.104 cada uno.
El cronograma fija como primera fecha de pago el 11 de noviembre de 2026. Las siguientes cuotas vencerán el 12 de diciembre, el 12 de enero, el 12 de febrero y así sucesivamente hasta completar la séptima, prevista para el 12 de mayo de 2027.
La resolución judicial tuvo por presentado el entendimiento y dispuso reservar el trámite hasta que se acredite el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Es decir, el acuerdo no termina con la firma: Balmaceda deberá cumplir con cada uno de los pagos comprometidos.
Este nuevo entendimiento se suma a otro de mayor alcance que el comerciante había conseguido anteriormente, cuando acordó con diez denunciantes la entrega de seis motocicletas 0 kilómetro y la devolución de unos $12 millones en cuotas. Aquella negociación le permitió recuperar la libertad después de haber quedado detenido por presentarse tarde a una audiencia en Tribunales.
Una seguidilla de acuerdos en una causa por estafas
Balmaceda está vinculado a una investigación por presuntas maniobras fraudulentas en operaciones comerciales. Según las denuncias, habría adquirido vehículos y otros bienes mediante la entrega de cheques que posteriormente no podían ser cobrados.
Con el avance de la investigación se incorporaron nuevos damnificados y el expediente pasó de contemplar seis hechos iniciales a reunir diez denunciantes, con un perjuicio económico estimado en alrededor de $20 millones.
La reparación integral se convirtió así en una herramienta a la que el empresario recurrió para resolver los reclamos económicos de quienes lo denunciaron y así evitar una condena penal. Sin embargo, cada compromiso deberá ser acreditado ante la Justicia para que se tenga por cumplido.