En 1920, el italiano Carlo Ponzi alcanzaba una notoriedad de alto impacto público en Estados Unidos, por apoderarse de grandes sumas de dinero para supuestas inversiones con los sellos postales, con la promesa de jugosos reintegros a los aportantes. En realidad, los primeros en entregar esos valores recibieron alguna retribución (en capital e intereses) proveniente de nuevos ‘inversores’, pero el sistema colapsó porque nunca hubo una genuina actividad económica que reportara ganancias reales.
Desde entonces, el renombrado ‘Esquema Ponzi’ fue aplicado en distintos contextos, nacionales y extranjeros, con iguales resultados: quienes se desprendían de su capital, nunca lo recuperaron como esperaban y resultaron defraudados. El último de estos casos ocurrió en San Juan y se lo atribuyen al penitenciario Alejandro Exequiel Jofré (es licenciado en seguridad).
Cayó preso el viernes, cuando se presentó en Tribunales con sus abogados, Néstor Olivera y Fabiana Salinas, y entregó en Fiscalía su teléfono.
Hoy, el juez Matías Parrón le dictó dos meses de prisión preventiva por estafas reiteradas contra 25 personas (sus compañeros de trabajo y familiares de esos colegas) por una suma de por lo menos $158.410.600, entre el mes de enero pasado y hasta el pasado domingo, cuando se recibió la última denuncia, según explicaron el fiscal Guillermo Heredia y su ayudante fiscal, Gabriela Blanco (UFI de Delitos Informáticos y Estafas).
A pedido de Fiscalía, el juez Parrón también lo inhibió para poder desprenderde o disponer de sus bienes y ordenó embargar las cuentas bancarias del sospechoso.
Fiscalía sospecha también que la pareja de Jofré, una hermana y su padre pueden estar involucrados, pero por ahora no están imputados.
El que más perjudicado resultó fue Siciliano Salvador, quien confió porque Jofré es compañero del hijo de su pareja, también penitenciario. Según la acusación, a este hombre lo engañó con dos entregas, por unos 6 millones y por 6,2 millones, antes de hacerlo vender su camioneta para apoderarse de 43 millones. Según Fiscalía, cuando consiguió esa suma, Jofré nunca más atendió el teléfono y a Salvador le fue imposible localizarlo y obtener una respuesta.
Inversiones en la industria aceitera, de la harina o el sector de la construcción, y un discurso cargado con la apariencia de un negocio sólido y confiable, eran el gancho para que muchos cayeran.
Por eso, Fiscalía sospecha que las víctimas pudieron haber sido más.
Ayer, los defensores pidieron la libertad de su cliente o la aplicación de reglas de conducta, pero no tuvieron éxito. Ahora, podrán reclamar ante el Tribunal de Impugnación.