Un chofer de Uber imputado por exhibiciones obscenas en San Juan intenta cerrar la causa penal en su contra mediante una solución alternativa prevista por la ley. Se trata de Raúl Alfredo Martín, quien a través de su defensora oficial, Sandra Leveque, solicitó extinguir el procedimiento ofreciendo el pago de la multa mínima establecida para este tipo de delitos, equivalente a $1.000.
Es chofer de Uber, le mostró el pene a una clienta y busca evitar una condena pagando una multa de $1.000
Un conductor de Uber, imputado por exhibiciones obscenas, ofreció también una reparación económica para la víctima.
Conductor de Uber en la mira
La propuesta fue presentada este miércoles durante una audiencia judicial y una vez que se haga el pago, el pedido será analizado por la fiscal de la UFI CAVIG, Florencia Pons. Además del abono de la multa, el imputado ofreció una reparación integral de $60.000 para la denunciante.
Según trascendió de fuentes judiciales, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli ordenó la apertura de una cuenta judicial para que Martín pueda depositar el importe correspondiente a la multa. Una vez cumplido ese paso y si la Fiscalía considera satisfactoria la reparación ofrecida a la víctima, el acusado podría acceder a la extinción de la acción penal y posteriormente obtener el sobreseimiento.
La causa se originó a partir de la denuncia realizada por una joven sanjuanina de 24 años, quien aseguró haber vivido una situación traumática durante un viaje en Uber ocurrido el 21 de octubre de 2025.
De acuerdo con el relato de la denunciante, al llegar a su domicilio intentó abonar el viaje mediante una transferencia bancaria, pero la operación se demoró y terminó pagando en efectivo. En ese contexto, vio al hombre con el pantalón bajo y exhibiendo el pene, lo que derivó en una posterior denuncia.
Ahora, la posibilidad de que el caso termine sin llegar a juicio dependerá de la evaluación que realice la Fiscalía sobre el cumplimiento de los requisitos legales y la reparación ofrecida a la víctima. En este tipo de casos lo que opine la denunciante no es vinculante para la decisión que tome el Ministerio Público Fiscal, como sí en casos de violencia de género.
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