Claudio Herrera y José Fraifer, representantes de la Fiscalía de Estado como una de las partes querellantes (las otras son los denunciantes) en el complejo y escandaloso caso de la venta de terrenos fiscales, anticiparon hoy que realizarán su propia acusación.
Y para eso le pidieron a la jueza, Mabel Moya, ordenar una serie de medidas, pues su intención es probar que, además de estafas, los imputados pudieron cometer los delitos de usurpación y asociación ilícita con la comercialización de parcelas en el loteo ‘Vista al Cerro’, en Médano de Oro, Rawson. Y por eso solicitaron la prisión preventiva de Estela Capelli, pues vive en Tucumán y puede poner en riesgo la investigación al fugarse, explicaron.
También pidieron que la jueza ordene allanamientos en los nuevos domicilios aportados por los imputados y que se les imponga una consigna policial mientras se ejecuta la orden judicial. Que se secuestren sus teléfonos (se aclaró que solo restaba incautar el de José Díaz) y otros dispositivos, el registro de mensajes y comunicaciones entre los imputados y de ellos con los denunciantes.
Para sostener su teoría, anticiparon que trabajarán con peritos especializados en terrenos, en el área contable y del Tribunal de Tasaciones.