La jueza de Garantías, Mabel Moya, rechazó el pedido de la defensora, Vanesa De Dax, de apartarse del caso mientras se define, primero, si son o no del Estado Provincial unas 7 hectáreas de una excolonia fiscal en Médano de Oro, Rawson, que fueron fraccionadas en 165 parcelas (el loteo ‘Vista al Cerro’), la mayoría de las cuales fueron vendidas (de manera fraudulenta, según Fiscalía) en unos 38 millones de pesos entre 2020 y 2024. Tampoco hizo lugar al pedido del fiscal Duilio Ejarque y sus ayudantes, Silvina Putelli y Pablo Ferrer (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) para que dos de los seis imputados de estafas reiteradas en base a las 48 denuncias que hay por ahora, los hermanos José Alberto y Martín Gastón Díaz (supuestos cabecillas del fraude) parmanezcan presos preventivamente durante 4 meses.
Así, ambos seguirán libres, igual que otro de sus hermanos, Oscar, la hija de Martín Gastón, Alexiana, el hombre que se autodefinió como empleado de los Díaz y firmó como vendedor gran parte de los contratos de comercialización, Víctor Javier Dávila Jofré. También seguirá en libertad la mujer que les vendió ese terreno pare, Estela Capelli, cuya defensora argumenta que no hay delito porque su clienta es la única legítima heredera de la tierra vendida, a pesar de la dura oposición fiscal sobre este punto.
También hizo lugar al pedido de los representantes de Fiscalía de Estado como Parte Querellante, Claudio Herrera y José Fraifer, de imputarles los delitos de usurpación y asociación ilícita, como parte de su estrategia de formular una acusación paralela a la fiscalía penal.
Además, aceptó la solicitud de Fiscalía de Estado de incautarle el teléfono a José Alberto Díaz, para cotejar las comunicaciones que mantuvo con los demás imputados y también con los compradores de los lotes. De todos modos, la magistrada no se pronunció por la solicitud de poner consignas policiales y allanar los domicilios aportados por los principales sospechosos, porque esos pedidos deben hacerse por escrito, dijeron fuentes judiciales.
La magistrada autorizó una investigación de 1 año, tiempo en el cual los imputados deberán someterse al proceso y comparecer cada vez que sean citados, presentarse a la comisaría más cercana a su domicilio y no salir de su provincia (Capelli reside en Tucumán) ni el país sin autorización judicial.
El caso comenzó a investigarse en setiembre del año pasado con las primeras denuncias, que se recibieron incluso hasta el último martes (48 por ahora). La sospecha de Fiscalía es que ese terreno no podía ser vendido, porque se había adjudicado a una persona que no lo usó para una explotación agrícola (eso imponía el programa de colonias fiscales) y por lo tanto, quedaba para la provincia.
Además de ese impedimento, Fiscalía citó la violación a la reglamentación sobre parcelamiento en áreas rurales, donde se permite que la fracción mínima de terreno tenga 2.000 metros cuadrados y no unos 360 que es lo que, en prometio, tienen esos lotes.
Allí, sin escrituras, viven al menos 22 familias, otras 13 tienen su casa en construcción y muchos piletas, quinchos y cierres perimetrales. Todos fueron intimados por el Estado para desalojar.