Un hombre que supo tener visibilidad como dirigente social y que años atrás estuvo en la mira de la Justicia por la venta de mercadería del Estado destinada a personas carenciadas, volvió a quedar seriamente comprometido penalmente. Se trata de Natalio Di Módica. Esta vez, la investigación lo señala por extorsionar, amenazar y usurpar espacios comunes dentro de un consorcio ubicado en Capital, de donde al menos 12 vecinos lo denunciaron por varios delitos.
Los hechos investigados ocurrieron en un edificio ubicado en la zona de Ignacio de la Roza y Florentino Ameghino, donde Di Módica es propietario y vecino. Según la acusación, el hombre habría comenzado a exigir importantes sumas de dinero a los demás vecinos del consorcio por supuestos trabajos realizados en el inmueble. Paralelamente, habría iniciado acciones judiciales y desplegado conductas intimidatorias para forzar los pagos.
La situación se agravó cuando, de acuerdo a las denuncias, el Di Módica se apropió de espacios comunes del edificio, cerrando pasillos y sectores que pertenecen al uso comunitario, dejándolos para su uso exclusivo. Incluso, según se expuso en audiencia, habría enviado empleados propios a iniciar juicios laborales contra los propietarios denunciantes, profundizando el conflicto y el temor entre los vecinos.
En ese contexto, el juez Adárvez ordenó liberar de manera provisoria los espacios comunes del edificio, disponiendo que se retiren todos los obstáculos que impiden su uso. Para ello, instruyó al Ministerio Público Fiscal a coordinar con la administración del consorcio el retiro de los elementos que bloquean el acceso, hasta tanto exista una resolución definitiva en la causa.
Otra medida de fuerte impacto fue la orden judicial de retirar las cámaras de seguridad del edificio por el plazo de dos meses, las cuales quedarán bajo custodia del Ministerio Público Fiscal. El magistrado autorizó expresamente al fiscal a hacer uso de la fuerza pública si fuera necesario para ingresar al inmueble y concretar el retiro de los dispositivos, con conocimiento de la jurisdicción correspondiente.
Durante la audiencia de formalización, el imputado afirmó desempeñarse como gerente de FX Neumáticos y manifestó percibir un sueldo mensual de 15 millones de pesos, un dato que llamó la atención en una causa donde se investigan presuntas exigencias económicas ilegales a vecinos.
Tras la formulación de cargos que hizo el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, Adárvez resolvió tener por formalizada la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para imputar al acusado por los delitos de extorsión, daño, usurpación, amenazas y estafa, previstos en los artículos 168, 183, 181, 149 bis y 172 del Código Penal, todos en concurso real y en calidad de autor.
Como medida coercitiva principal, el juez dispuso el arresto o detención domiciliaria por el término de dos meses para Di Módica, en el domicilio denunciado por el imputado. El control quedará a cargo del personal de la Comisaría 4ª, en conjunto con la OMA, con verificaciones tres veces por semana en horarios aleatorios. Además, se le impuso la obligación de someterse al proceso penal y no obstaculizar la investigación.
El fallo también incluyó una prohibición expresa de realizar cualquier acto intimidatorio o perturbador contra los denunciantes, ya sea de manera directa o indirecta, por redes sociales, telefonía fija o móvil, o a través de terceros. La resolución busca frenar lo que los vecinos describieron como un esquema sistemático de presiones económicas y amenazas.
Antecedente penal de Di Módica
El acusado arrastra además un antecedente judicial resonante. En 2017 fue señalado como el principal sospechoso de una maniobra de venta de mercadería oficial del Estado, destinada a familias vulnerables. En aquel entonces, dirigía una asociación civil que recibía cientos de bolsones de alimentos que, según la investigación, terminaban siendo vendidos en comercios de Rawson. Aunque estuvo detenido y la causa avanzó hasta convertirse en una presunta estafa contra el Estado provincial, finalmente resultó sobreseído, en un proceso que nunca llegó a esclarecerse por completo.
Ahora, con ese pasado como telón de fondo, la Justicia vuelve a investigarlo por hechos graves, esta vez en el ámbito privado, mientras permanece con prisión domiciliaria, bajo estrictas condiciones y con la causa en pleno desarrollo.