Un finquero y su empleado quedaron en el centro de una investigación judicial por un incendio que tuvo consecuencias devastadoras durante un fuerte temporal de viento Zonda. El hecho ocurrió el fin de semana del sábado 4 de octubre de 2025, en la zona de Calle 14, entre Ruta 40 y calle Alfonso XIII, y es considerado uno de los siniestros más graves registrados en esos días en la provincia.
Si bien aquel fin de semana se reportaron múltiples focos en distintos puntos, la investigación de la UFI Delitos Genéricos determinó que este incendio no tuvo origen natural ni accidental. Por el contrario, los investigadores sostienen que hubo autores materiales y que el fuego fue iniciado de manera intencional.
Las llamas avanzaron con violencia y llegaron a conformar un frente de aproximadamente un kilómetro y 400 metros. Bomberos debieron trabajar durante horas e incluso días para lograr controlar por completo el incendio, que afectó al menos a 14 inmuebles. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas y también se registró la muerte de caballos, cabras y mascotas pertenecientes a los damnificados.
Entre los casos más dramáticos, una familia perdió su vivienda por completo y también murieron sus tres mascotas. “Salieron con lo puesto”, confió una fuente del caso a DIARIO DE CUYO, al describir la desesperante situación que vivieron los ocupantes de esa casa.
A raíz de lo ocurrido, el fiscal Alejandro Mattar solicitó la imputación por el delito de incendio del finquero Sergio Trigo y de su empleado, Víctor Antonio Menéndez. Según consta en la causa, vecinos de la zona aseguraron haber visto a Menéndez iniciando el fuego de forma deliberada, testimonio que resultó clave para avanzar en la investigación.
El juez Eugenio Barbera hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso que ambos imputados continúen en libertad, ya que nunca estuvieron detenidos. No obstante, les impuso una serie de medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con los propietarios de los 14 inmuebles afectados.
Tanto el empleado como su patrón quedaron formalmente bajo investigación por el plazo de un año, período en el que la Justicia buscará determinar con precisión las responsabilidades penales por un incendio que dejó profundas secuelas materiales y emocionales en la zona.