La investigación por el homicidio de un joven de 19 años en Chimbas que tiene como imputada a una menor de 16 años quedó dividida entre la Justicia Penal Juvenil y la UFI de Delitos Especiales. La fiscal de menores, Paula Carena, explicó cómo continúa el expediente y cuáles son los límites que establece el régimen especial para adolescentes.
La fiscal Paula Carena confirmó que la menor de 16 años que disparó contra su novio quedó imputada por homicidio
La fiscal Paula Carena explicó cómo interviene la Justicia Penal Juvenil, por qué el juez Jorge Toro quedó a cargo de la investigación sobre la adolescente y qué rol mantiene la UFI de Delitos Especiales.
Según explicó la funcionaria, ante la noticia del crimen intervino inicialmente la UFI de Delitos Especiales, que llevó adelante las primeras medidas en la escena, la autopsia y el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, cuando surgieron elementos que vincularían a una menor de edad con el hecho, las actuaciones relacionadas con ella fueron remitidas al juez de turno, Jorge Toro.
Desde ese momento, el magistrado quedó a cargo de la investigación respecto de la adolescente. Carena explicó que la Fiscalía de la Niñez recibió el legajo y presentó un dictamen solicitando que se aplicara el fuero penal juvenil, además de plantear la calificación legal del hecho y pedir que la joven fuera indagada. El juez hizo lugar a ese planteo y dispuso la declaración indagatoria.
La fiscal aclaró que el procedimiento continúa regido por la Ley 754 -O, mientras que desde el 5 de septiembre también se encuentra vigente la Ley nacional 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil. "Desde la fiscalía nosotros no tenemos la investigación, la tiene el juez", remarcó Carena al explicar el esquema vigente en San Juan.
El expediente, además, mantiene una segunda línea investigativa. La UFI de Delitos Especiales continúa trabajando sobre posibles encubrimientos o participación de personas mayores de edad, por lo que ambas investigaciones avanzan de manera paralela.
Uno de los puntos que Carena destacó fue la necesidad de preservar la identidad y las circunstancias personales de la adolescente. La fiscal señaló que deben resguardarse sus datos en función del interés superior del niño y el debido proceso, por lo que tampoco brindó información sobre el lugar donde permanece alojada.
En cuanto a las medidas cautelares, Carena explicó que bajo la Ley 754 no existe la prisión preventiva para menores y que una persona adolescente no puede permanecer detenida por más de 60 días bajo ese esquema. Al mismo tiempo, indicó que se analiza cómo aplicar las herramientas cautelares previstas por la nueva legislación nacional.
La fiscal también confirmó que el Poder Ejecutivo provincial trabaja en la adaptación de los espacios destinados al alojamiento de menores, en el marco de los cambios que atraviesa el sistema de Justicia Penal Juvenil.
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