La desaparición de cuatro menores de edad la semana pasada en Santa Lucía a manos de sus padres generó una revolución entre las autoridades policiales, judiciales y la opinión pública. Una vez hallados, fueron separados de sus progenitores y horas más tarde detenidos los responsables. Este miércoles 28 de enero de 2026, una jueza los condenó a dos años de prisión en suspenso (sin cárcel) y les prohibió que se acerquen a los menores por el mismo término, tras que los imputados reconocieran haber secuestrado a sus hijos bajo amenazas y por la fuerza.
This browser does not support the video element.
Finalmente se llevó a cabo la audiencia de formalización contra José Antonio Ayala y Micaela Aballay Rodríguez, progenitores de los niños, bajo la supervisión de la jueza Ana Carolina Parra. Luego del planteo de Fiscalía, que les imputó al hombre los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, amenaza agravada por el uso de arma blanca, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial -en el caso de la mujer, sólo amenazas simples, el resto ídem a su pareja-.
La jueza resolvió condenarlos a dos años de prisión condicional, la prohibición de acercamiento de 300 metros sobre los niños y familiares y dos años donde no podrán tener contacto con los menores, aunque en este último punto será el juez de Familia que interviene en la causa de los niños quien tenga la última palabra,
Es importante recordar que los cuatro hermanos, cuyas edades oscilan entre los 4 y 8 años, se encontraban bajo la custodia legal de una tía en Villa Alba por disposición del juez de Familia Esteban De La Torre. Pero la tranquilidad de esa convivencia es vio alborotada cuando Ayala y Aballay irrumpieron en el domicilio para llevarse a los menores.
El conflicto se inició alrededor de las 11 de la mañana del miércoles 21 de enero de 2026 , cuando la guardadora legal se ausentó momentáneamente de la vivienda para realizar trámites personales, dejando a los niños al cuidado de su hermano, Leonardo Aballay, y la pareja de este. En ese momento, los imputados se presentaron en el lugar y, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, exigieron la entrega de los niños.
Ante la negativa de los cuidadores, quienes argumentaron no tener autorización para entregarlos, la pareja se retiró molesta, pero regresó minutos después para ingresar por la fuerza tras patear simultáneamente la puerta principal y la trasera del inmueble.
Una vez dentro, la situación escaló a niveles de extrema violencia cuando Ayala tomó un cuchillo tipo serrucho de la cocina y se lo colocó en el cuello al cuidador de los niños. Bajo la amenaza directa de “Dame a los niños, si no te mato”, el agresor mantuvo el arma blanca contra el costado izquierdo del cuello de la víctima, mientras Micaela Aballay intimidaba a su cuñada con una llave metálica, amenazándola con “partirle la cabeza”. En medio de este escenario de terror, uno de los niños presenció la agresión y manifestó expresamente que no quería marcharse con los atacantes, llegando a abrazar al denunciante para evitar ser llevado.
Pese a la resistencia inicial y el llanto de los menores, la imputada ingresó a las habitaciones y retiró a tres de los niños para trasladarlos hacia el exterior de la vivienda. Simultáneamente, el imputado forcejeó con el cuidador y lo golpeó a la altura del pecho para lograr que soltara al cuarto menor, dándose ambos a la fuga corriendo con los cuatro niños hacia un remís de color gris que los esperaba a la vuelta del domicilio.
Los movimientos de la pareja fueron advertidos por vecinos de la zona, quienes observaron cómo subían a los menores a la fuerza en el vehículo y dieron aviso inmediato a la familia afectada. La justicia contó con el testimonio de personas que presenciaron el hecho en primera persona y que ratificaron el estado de nerviosismo y violencia con el que actuaron los acusados durante el rapto, lo que parte fundamental de la prueba que derivó en el juicio abreviado y la condena para ambos imputados.
Los fiscales coordinadores Roberto Ginsberg, por CAVIG, y Ignacio Achem, por Delitos Genéricos, estuvieron al frente de la acusación, junto con la ayudante fiscal Silvina Zogbe Sancassani. Por la defensa, actuó el abogado Franco Vázquez.