La jueza de Garantías, Carolina Parra, dictó hoy 30 días de prisión preventiva para un joven de 20 años (condenado a 3 años sin encierro en abril pasado por abuso y otros delitos), por considerarlo posible coautor de las tres amenazas de falsas bombas en un mismo edificio escolar del barrio Sierras Moradas, en Rawson, perpetradas los días 17, 18 y 19 de abril pasado.
A pedido del fiscal, Alejandro Mattar y el ayudante fiscal, Rodrigo Herrera (UFI Genérica), la magistrada ordenó a los medios de comunicación no identificar ni hacer imágenes del sospechoso, con el argumento de que puede ser sometido a una rueda de reconocimiento de personas y la divulgación de su identidad podría entorpecer la investigación.
Intimidación pública, amenazas agravadas por ser cometidas en forma anónima y haber utilizado para la maniobra a un menor de edad (su presunto cómplice tiene 16 años y también está preso), fueron los delitos imputados a ese joven que, el 1 de abril pasado, fue condenado por dos hechos de abuso simple, dos hechos de lesiones y exhibiciones obscenas contra una vecina con la cual tenía una rivalidad. El castigo también fue por desobedecer en dos ocasiones una orden judicial.
Una preceptora que trabaja en la escuela Ejército de los Andes que escuchó decir a dos menores que pudieron ser el joven condenado y el menor los autores de los llamados al 911 y de la grabación de un video con las maniobras publicado en Instagram. El hecho de que al momento de la detención, ese menor entregara el teléfono usado para los llamados y dijera que su presunto cómplice, le quitó el aparato para decir que había una bomba en la escuela y lo amenazó si acaso lo delataba. Y otros menores que pudieron ser testigos contra ambos sospechosos o posibles cómplices, figuran entre las evidencias mencionadas por Fiscalía.
Iván Román Martín buscó la libertad de su cliente y cuestionó el planteo fiscal. por considerar, entre otras razones, que el teléfono usado no era de su cliente. Pero la jueza lo rechazó, y le aclaró que podía ejercer una ‘defensa pasiva’ o una ‘activa’, armando su propia investigación con aporte de prueba propia.
La magistrada también consideró que el delito de amenazas imputado por Fiscalía está subsumido en el de intimidación, pero igual dio vía libre a la imputación fiscal.
Los pesquisas tendrán 4 meses para investigar el caso.